La comisión interpartidaria de convivencia y seguridad ciudadana que encabeza el presidente Tabaré Vázquez decidió poner sobre la mesa un proyecto de ley de Responsabilidad Penal Adolescente que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento durante el período de gobierno anterior, y que no pudo ser aprobado por la bancada del Frente Amplio (FA), debido a que en aquel entonces no se logró acuerdo dentro de la interna oficialista.
Este proyecto establecía que para los delitos gravísimos (homicidio, rapiña, violación, entre otros) cometidos por adolescentes de entre 15 a 17 años se aplicarían las penas de los adultos reducidas a un tercio, lo que podría llevar las penas actuales de cinco a diez años.
El texto, un auténtico código de 145 artículos, fue elaborado por una comisión interdisciplinaria y está dividido en cuatro tomos. Además de los aspectos estrictamente penales, regula y aborda aspectos procesales, de principios y “medidas socioeducativas y curativas” para los menores en conflicto con la ley. La senadora frenteamplista Daniela Payssé, que asiste a la comisión en representación del FA, recordó que cuando se aprobó la Ley 19.055, que estableció penas mínimas para los adolescentes que cometen penas gravísimas, se remarcó el compromiso de llevar adelante un proyecto de ley sobre el régimen de responsabilidad infraccional juvenil, “en el marco de las definiciones y principios consagrados por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otras normas internacionales aplicables”, afirma el penúltimo artículo de esta norma.
Pero el proyecto nunca fue aprobado, por falta de acuerdo en el oficialismo. Los cansinos tiempos parlamentarios retrasaron su aprobación hasta 2014, año en el que el FA debía afrontar no sólo una campaña electoral, sino también un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para delitos gravísimos, y que también ponía la minoridad infractora en el eje del debate. La propuesta se ganó la oposición de varios legisladores frenteamplistas, que entendieron que aprobar una medida de estas características era darles la razón a quienes apoyaban la reforma constitucional.
Según Payssé, que se haya puesto el texto sobre la mesa “no quiere decir que el FA lo vaya a apoyar in totum, porque no lo estamos apoyando ni rechazando. Simplemente vamos a ver cómo acordamos en torno a esta propuesta”. Varios de los representantes de la oposición saludaron la iniciativa del oficialismo de discutir este código. El presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN), Luis Alberto Heber, destacó que Eduardo Bonomi “insiste en un proyecto que aumenta las penas a los menores”, lo que va en línea con las propuestas de los nacionalistas. En tanto, el ex candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación Edgardo Novick expresó: “Bonomi dijo que dos o tres años no es suficiente para rehabilitar a un joven que ha cometido delitos graves o gravísimos”. El empresario devenido político también añadió que, según dijo el jerarca en el encuentro, en el interior del país los jueces no suelen dar la pena máxima a los menores que cometen estos delitos.
La comisión también definió que no se apostará a un acuerdo en una comisión bilateral sobre minoridad infractora en el Parlamento, tal como había propuesto el Partido Colorado, sino que este tema será abordado específicamente en esta comisión, sin perjuicio de otras instancias. “Ninguna comisión va a lograr mejores resultados que aquí, con el presidente [Vázquez]”, dijo el senador nacionalista Javier García, saludando la decisión.
Los integrantes de la comisión también anunciaron el envío al Parlamento de un proyecto de ley integral sobre narcotráfico, que incluye tanto la creación de una Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo como algunos aumentos de penas mínimas para delitos vinculados con el narcotráfico que dejarán de ser inexcarcelables. Entre ellos, la producción, el financiamiento y la comercialización de drogas, a excepción del cannabis, que “tiene una regulación reciente y particular”, expresó el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, en referencia a la ley de regulación del mercado de esta sustancia. En tanto, Heber se quejó de que no fue aceptada la suba de penas mínimas para delitos como el “tráfico o suministro de drogas”, por la negativa del FA, a pesar de que Vázquez estaba de acuerdo. En cambio, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, discrepó con esa visión del PN: “Está claro que cuando ese proyecto se vuelva ley todos los delitos de narcotráfico van a tener una penalización mayor, que implica la inexcarcelabilidad”.