El grupo técnico que asesora a la comisión interpartidaria de convivencia y seguridad ciudadana respaldó la idea de que se constituya como agravante del delito de homicidio el hecho de que se cometa contra policías, jueces y fiscales. En estos casos, el homicidio se tipificará con una pena mínima de 15 años y una máxima de 30. En cambio, no hubo acuerdo acerca de que sea un agravante de este delito que se cometa contra una persona que se encuentre trabajando. El gobierno argumenta que este tipo de agravante ya está previsto en el Código Penal.
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