La Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados estudia tres proyectos de ley que, de diferentes formas, buscan prohibir en Uruguay la técnica de la fractura hidráulica, más conocida por su nombre en inglés, fracking.
El primero fue presentado por el diputado del Partido Nacional (PN) por Rivera Gerardo Amarilla, y es acompañado por otros diputados nacionalistas, del Partido Colorado (PC) y de Unidad Popular. Se presentó en marzo de 2015, tiene un solo artículo y busca prohibir la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos mediante fracking.
El segundo fue presentado en setiembre de 2015 por el diputado del PN por Rocha Alejo Umpiérrez, junto con otros nacionalistas y colorados. Prohíbe el uso del fracking para exploración, explotación e incluso para fines científicos. Tiene cinco artículos; define la técnica y prohíbe su uso en todo el territorio nacional, incluyendo la superficie marítima, lacustre y fluvial. También propone retroactividad, dejando sin efecto permisos, autorizaciones o adjudicaciones.
El tercero fue presentado en junio por el diputado del PC por Paysandú Walter Verri, acompañado por otros seis diputados del PC, retomando un proyecto del senador Pedro Bordaberry de 2012. Ingresó ayer a la comisión y busca la “prohibición transitoria de las actividades de exploración y explotación” para obtener gas o petróleo mediante fracking (exceptúa a las perforaciones con propósitos científicos o de estudio de suelo). Propone crear una comisión de evaluación técnica que cada cinco años evalúe la prohibición “a la luz del estado de la técnica y las mejores prácticas disponibles en países con legislación de protección ambiental bien desarrollada”.
A largo plazo
Integrantes del movimiento Uruguay Libre, junto con representantes de Paysandú Libre de Fracking y Paysandú Nuestro, fueron recibidos ayer por la Comisión de Industria de Diputados, que comenzó a recibir delegaciones; ya solicitó audiencia la Sociedad Uruguaya de Geología y, entre otros citados, estarán autoridades de las direcciones nacionales de Medio Ambiente, y Minería y Geología. Raúl Viñas, integrante de Uruguay Libre, salió “muy contento” de la reunión, en la que expusieron argumentos técnicos para prohibir el fracking. Lo más alentador para el movimiento fue el comentario de Carlos Varela, diputado del Frente Amplio (FA), que manifestó “que tenía posición en cuanto a que el fracking no se debía hacer”, lo que aumenta las posibilidades de “que esto sea una cosa multipartidaria y que salga [...] casi por unanimidad”.
“Hay muy buenas posibilidades de que [...] cumpla con el objetivo, en primer lugar, de que se prohíba y, en segundo lugar, de que las empresas que vengan a trabajar al país en el tema del petróleo también tengan claro qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer, [que exista] la seguridad jurídica para las empresas de que en Uruguay se podría llegar a explotar petróleo si se encuentra, pero no se permite el fracking”, dijo Viñas. Subrayó que “es el mejor momento para aprobar este tipo de ley”, porque todavía “no hay presiones” y que, de votarse, le permitiría al país “ser punta de lanza en la zona en la defensa del acuífero Guaraní”.
Javier Dalmás, integrante de Paysandú Nuestro, hizo un repaso de las actividades de la organización en más de tres años de trabajo: “Comenzamos a investigar cuando nos enteramos de la existencia de contratos firmados entre empresas petroleras y el Estado uruguayo; nos preocupó mucho, especialmente por la relación directa que tienen estos yacimientos de hidrocarburos con el acuífero Guaraní y con la técnica en sí misma, que ha demostrado contaminar los acuíferos”, relató a la diaria. El trabajo del grupo llevó a que la Junta Departamental prohibiera el uso del fracking, algo que también hicieron los legislativos de Tacuarembó, Salto, Artigas y Rocha. Ahora apuntan a una ley nacional. Dalmás transmitió la preocupación por que “contratos que comprometen nuestros recursos naturales” se manejen “de manera secreta”, y recordó que para llegar a ellos las organizaciones pasaron “mucho trabajo mediante la vía judicial”. Agregó que ANCAP promociona a nivel internacional los yacimientos no convencionales, que “sabemos que sólo pueden ser explotados mediante fractura hidráulica”. Dijo que si bien el presidente Tabaré Vázquez y la ministra Carolina Cosse aseguraron que no va a haber fracking, “los contratos son a 30 años”.
En diálogo con la diaria, Verri expresó que su sector, Vamos Uruguay, tiene una “posición muy clara en contra del fracking” y que “no alcanza con decir que no va a haber fracking: tenemos que tener una legislación muy clara que ahuyente a los que puedan estar interesados en hacer prospecciones y explotar yacimientos por medio de este sistema”.
Sobre su posición, Varela explicó a la diaria que está convencido de que “es imprescindible tener una ley que prohíba el fracking”, y aclaró que es una posición personal, que aún no la ha conversado con su sector y que será tema a discutir en la bancada del FA. También él consideró que es el momento adecuado para aprobarla, antes de que se firmen contratos que puedan llevar luego a reclamos jurídicos de las empresas.