En los últimos 20 años se reformó o se propuso reformar la Constitución por diversos temas; descontando la protección del agua, ninguna de esas reformas propuso una modernización sustancial de nuestra Constitución. Ella tiene elementos positivos en materia de derechos y ha permitido avances, pero también los ha bloqueado: contiene instrumentos que fueron pensados para la defensa de los propietarios de tierras y de los propietarios en general. Tiene elementos modernos, pero también otros que son anacrónicos.
Sorprende que ante la propuesta de discutir estos temas las respuestas que encontramos sean “quieren cambiar la Constitución para mantenerse en el poder” o “estamos en crisis y no es tiempo de discutir una reforma”. Esos argumentos esconden un conservadurismo radical.
Parece una broma de mal gusto que quienes impulsaron una reforma en 1997, únicamente para detener el avance de la izquierda, digan que esas son las intenciones. Mienten. Con respecto a la segunda afirmación, quisiera recordar que la reforma de 1967 se llevó adelante en medio de una de las crisis económicas más prolongadas que conoció Uruguay. Está claro que esa no es la situación actual: aunque enfrentemos dificultades, estamos en condiciones de dar un debate democrático.
Es clave discutir qué aspectos pretendemos reformar. Y si la oposición no quiere discutir, lo haremos con el resto de la sociedad. A cuenta de más, un repaso sumario.
En primer lugar, en lo que concierne a los derechos humanos, nuestra constitución reconoce el derecho a la salud, la educación, la vivienda y la vida. ¿No se deberá reconocer también el derecho a la salud sexual y reproductiva? ¿Al matrimonio igualitario? ¿A constituir familia con quien cada persona quiera? ¿No se deberá fortalecer los derechos de participación política y social de la ciudadanía en temas sensibles, más específicamente, en la toma de decisiones? El reconocimiento de la nueva agenda de derechos es una condición sin igual para una nueva Constitución, porque la sociedad se ha transformado y es necesario dar cuenta de ello.
En segundo lugar, miles de uruguayos viven en el exterior (aproximadamente medio millón, según un trabajo de Adela Pellegrino y Wanda Cabella). Muchos de ellos se fueron por razones políticas, otros por motivos económicos y algunos a buscar otras vidas. Cualquier uruguayo que cuente con los recursos económicos que se lo permitan puede venir y votar. Reconocer ese derecho es ampliar la ciudadanía a los uruguayos que no cuentan con esos recursos: el ejercicio del voto no se puede reducir a las posibilidades económicas de los ciudadanos.
Otro elemento a discutir es la democratización del acceso a la Justicia. Mientras se ha desarrollado un proceso de transparencia en el acceso al Estado, el Poder Judicial ha estado ausente, lo que impide desarrollar una Justicia independiente de las corrientes políticas o locales, que sea eficiente, imparcial y eficaz. Incluir en la Constitución esas garantías de acceso parece algo no sólo lógico, sino imprescindible. Sin un acceso equitativo a la Justicia no se puede hablar de una verdadera democracia.
En relación a la democracia representativa, parece que hay al menos dos instituciones que debemos discutir: la existencia de dos cámaras y el veto presidencial. Ambos son vestigios de una política pensada para elites. Nuestra posición es clara: una única cámara que legisle; eso daría eficiencia procesal (con un fortalecimiento de las comisiones asesoras) y nos permitiría quitar una institución de origen aristocrático como lo es el Senado. Por otra parte, creemos que el veto presidencial es un exceso de poder que tienen los mandatarios en nuestro país (que tiene origen monárquico). No parece lógico que una sola persona pueda tener más legitimidad que el cuerpo de representantes de la nación.
Otro elemento clave será la exoneración de impuestos que hoy contempla la Constitución para las instituciones religiosas y de enseñanza privada. La actualidad impone un análisis de la situación, tanto por los abusos que se han registrado como por la inequidad que ella supone.
En relación a la ética y la transparencia pública, es posible dar rango constitucional a la publicidad de los patrimonios de los que ejercen el poder público. También el fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública, y del Tribunal de Cuentas; se han creado infinidad de nuevas empresas “públicas” de derecho privado que carecen del control necesario. Debemos revertirlo.
Otro aspecto clave del desarrollo democrático tiene que ver con el surgimiento del tercer nivel de gobierno electivo, un cambio de esa dimensión también debe ser tenido en cuenta en un nuevo texto constitucional.
El medioambiente y su preservación por parte del Estado deben estar claramente establecidos. Hay normas en este sentido, pero deben ser más explícitas en cuanto a las responsabilidades del Estado y los privados, que operan sobre el ambiente.
Por último, la Constitución debería consagrar otras formas de propiedad además de la privada, como lo es la cooperativa, social, y autogestionaria, dando cuenta también de nuevas realidades de desarrollo productivo. También consideramos que se pueden establecer los Consejos de Salarios y la negociación colectiva con carácter constitucional.
Hace demasiados años que Uruguay no debate profundamente el acuerdo constitutivo entre los ciudadanos. No nos detengamos en los procedimientos de reforma. Discutamos la reforma que necesitamos para ser un país más justo, igualitario y democrático.