Con una antesala del Senado repleta, se presentó ayer la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, “un espacio político no partidario” integrado por organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, asociaciones de usuarios, familiares, y aquellos “que luchan por profundizar los derechos de las personas con padecimiento psiquiátrico en nuestro país”, tal como se autodefine la comisión.
Es en el Senado donde comenzó a discutirse en mayo el proyecto de Ley de Salud Mental presentado por el Poder Ejecutivo, que apunta a crear un nuevo modelo de atención en salud mental: con énfasis en la prevención, que termine con el esquema de asilos y hospitales psiquiátricos, que potencie la atención en policlínicas, con internaciones en hospitales generales por el menor tiempo posible, y que garantice alternativas de vivienda y trabajo. Muchos de los colectivos formaron parte del proceso de discusión del proyecto de ley y lo siguen de cerca. La comisión pide que se apruebe “una ley justa, inclusiva y humanizadora”; propone que el órgano de revisión del cumplimiento de la ley no esté dentro del Ministerio de Salud Pública -como propone el Ejecutivo-, porque en ese caso este sería juez y parte; reclama un cronograma y un plan de cierre de las instituciones asilares públicas y privadas; promueve un modelo “no sanitarista de abordaje integral e interdisciplinario”, la participación de usuarios y familiares en el diseño, la aplicación y el seguimiento de políticas en salud mental; también la participación activa de los trabajadores, garantías y plazos para internaciones involuntarias y la “revisión de todas las terapéuticas iatrogénicas y coercitivas, como uso indiscriminado de electrochoques, medidas de sujeción y sobremedicación”, además del respeto por los derechos humanos y el acceso a vivienda, trabajo, educación, cultura.
“Necesitamos [que la ley] se apruebe con nuestros aportes”, pidió Olga Azikian, usuaria e integrante de Vilardevoz. “Luchamos por un cambio radical en la forma de tratarnos. Queremos cambios, queremos abrazos, queremos que se cambien las prácticas, los abordajes y la relación con el hospital; hay compañeros con muchos años de encierro”, expresó. “Queremos cerrar las salas donde maltratan y nadie da una mano”, agregó. Leyó un acróstico hecho por su compañera Analía González formando “Fiesta Antimanicomial”, que partía de las paredes oscuras y el encierro para decir que “ahora es el momento” de “ternura y comprensión”, de dejar a un lado “terapias invasivas” y poner el foco en la capacidad de la persona, “insistiendo en su parte humana, alentándola en su integración, lenta pero segura, en una sociedad que tiene mucho que aprender de la locura”.
En la misma idea insistió Soledad Parietti, integrante de la Asociación de Usuarios de Montevideo e Interior, quien expresó que “el lugar y empoderamiento que me ha dado mi grupo es lo mejor que me ha sucedido”. “Al fin estamos oyendo la voz de los directamente afectados en sus derechos más vulnerables”, dijo, y pidió casas de medio camino, centros diurnos, espacios culturales en los que los usuarios “puedan socializarse y empoderarse con esos grupos y redes, porque si no, ¿dónde estaría su mejoría?”, preguntó. “Sin socialización y sentimiento de pertenencia, estoy convencida -usuaria yo- de que no hay mejoría”, remató.
Mateo Galeano, integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, pidió “un cambio profundo, no un parche”, e insistió con que no alcanza con la ley. Señaló que es necesario cuestionar las relaciones de poder en el campo de la salud mental y en toda sociedad. Habló de “la disputa cultural por el sentido común instituido, que tiene que ver con cómo lidiamos con la diferencia”. En la crítica incluyó a las instituciones educativas: “En muchas facultades todavía se escucha que los profesionales salimos al mundo a competir”, apuntó. Sostuvo que es necesario “un cambio ético a nivel de la sociedad”, y subrayó que esa disputa no se da sólo en el Parlamento.
Fanny Aspiroz, referente del Grupo de la Esperanza, integrado por familiares de usuarios, habló de la larga lucha que llevan adelante y dijo que “la legislación es fundamental para mejorar y promover la vida”. En diálogo con la diaria, mencionó las peripecias de usuarios y familiares, que son “desacreditados” a diario. Dijo que “periódicamente” observan que los médicos no informan cuánto tiempo va a estar internada una persona ni qué medicación está tomando, y que no hablan con los familiares. ¿Por qué? Consideró que esto tiene que ver con la formación de los médicos, “que no aceptan un cambio” y consideran que “son ellos quienes saben del tema” y deciden por el usuario. Por otra parte, mencionó “problemas de infraestructura”. Reforzó la idea de que exista un órgano de revisión en el que el médico trabaje en conjunto con otros profesionales, que complete la historia clínica como corresponde, y donde se pueda hacer el seguimiento del tratamiento.