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Consuelo López y José Garchitorena, del Partido Colorado, junto a Gustavo López, de Unidad Popular, ayer, en la Torre Ejecutiva. Foto: Alvaro Salas, Presidencia

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La agenda de seguridad se coló en la interpartidaria de hidrocarburos; blancos piden seguir la discusión en el Parlamento.

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En la tarde de ayer se reunió el grupo interpartidario que busca llegar a un acuerdo sobre cómo enfrentar la extracción de hidrocarburos en caso de que se descubra petróleo en territorio nacional. Muchos de los asistentes al encuentro de ayer también participan en la comisión interpartidaria de seguridad, por lo que no es de extrañarse que sobre el final del encuentro también se hablara de este tema. Dada la coincidencia en buena cantidad de los integrantes de los partidos políticos (el senador nacionalista Luis Alberto Heber, el frenteamplista Daniel Marsiglia, el prosecretario del Partido Colorado, José Garchitorena, el independiente Daniel Radío y el empresario Edgardo Novick son algunos ejemplos), el presidente Vázquez anunció al finalizar el encuentro que en la próxima reunión sobre seguridad se abordaría, tal como había sugerido Unidad Popular, el problema de la rehabilitación de las cárceles, lo que motivó una respuesta de Heber, que reclamó que el gobierno tome resoluciones sobre las iniciativas de su colectividad política acerca de la minoridad en conflicto con la ley. En ese diálogo, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que el gobierno trabaja en las propuestas sobre minoridad entregadas por la oposición. Los blancos proponen elevar las penas mínimas y máximas de los menores de edad que cometan delitos gravísimos a dos y diez años, respectivamente.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, adelantó que el gobierno aún no tiene información cualitativa sobre las muestras extraídas por la empresa Total, que están siendo estudiadas en un laboratorio de “altísima especialización” en Houston, Texas. La jerarca sí destacó “muchos puntos de consenso” entre los partidos; entre ellos, que la generación de políticas sobre hidrocarburos, la regulación y control y la explotación deben ser competencias separadas en la futura institucionalidad. También dijo que existe acuerdo en no generar más burocracia ni comprometer recursos antes de que se confirme la existencia de petróleo, y sostuvo que hay consenso en la existencia de crear un fondo intergeneracional, cuya “mayor parte” deberá ser conservada para que la utilicen “las generaciones que vendrán”. Respecto de la institucionalidad, quedó descartada la “administración autónoma con patrimonio propio”, tal como había presentado el gobierno en un anteproyecto de ley durante la reunión anterior, y al parecer se optaría por un ente autónomo o servicio descentralizado.

Sin embargo, entre las propuestas que expusieron el Frente Amplio (FA) y el PN hay algunas diferencias, destacaron desde el oficialismo. Entre ellas, sobre el rol que tendría ANCAP en el proceso, más allá de que hay acuerdo en que no será el ente que administre los recursos provenientes de la extracción del petróleo y regule la explotación de este hidrocarburo. El senador del FA Marcos Otheguy dijo que mientras el oficialismo aspira a que ANCAP eventualmente sea un operador y pueda realizar la prospección y explotación de forma individual o asociada, los blancos creen que el ente debe limitarse a refinar el petróleo, y el Estado a recibir las regalías.

Si bien Vázquez manifestó su intención de realizar otro encuentro en un mes, en la reunión el PN mostró reparos respecto de seguir teniendo instancias hasta que no se conozcan los resultados de las muestras. “Ya tienen los elementos para elaborar un proyecto de ley, entonces ahora hay que esperar que esto pase y luego enviar un proyecto al ámbito parlamentario”, dijo un integrante del PN.

El resto de los partidos coincidieron a grandes rasgos en que exista una institucionalidad fuera de ANCAP para los recursos provenientes de la extracción de petróleo, y con la creación de un fondo intergeneracional para evitar la “enfermedad holandesa”, forma de denominar los efectos adversos provocados por el aumento abrupto de los ingresos de divisas en un país.

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