Como en cada coyuntura delicada en que los recursos escasean y la puja distributiva se agudiza, no hay recetas únicas para enfrentarla. Un informe del Instituto Cuesta Duarte (ICD) del PIT-CNT, divulgado ayer, propone distintas alternativas para enfrentar la desaceleración actual sin afectar ni la matriz de protección social ni el gasto público estratégico ni la situación salarial, que aún sigue mostrando niveles muy bajos para un amplio conjunto de trabajadores.
En el primer trimestre del año la economía uruguaya registró una caída de 0,5% respecto a igual trimestre del año anterior, y se mantuvo prácticamente en el mismo nivel de actividad que en el trimestre previo, creciendo tan sólo 0,1%. Para el ICD, estos datos, después del enlentecimiento registrado en 2015 (cuando la economía creció 1%) y de más de una década de fuerte crecimiento, indican que la actividad económica “está entrando en una fase de estancamiento”, permaneciendo en los últimos tres trimestres prácticamente en el mismo nivel.
Las caídas del consumo y, fundamentalmente, de la inversión en el primer trimestre se suman a una “leve” suba del desempleo y a un aumento de las presiones inflacionarias que resultan, con los actuales lineamientos salariales, en una “fuerte desaceleración del crecimiento del salario real”.
La tasa de desempleo en los primeros cuatro meses del año se situó en 7,9%, lo que corresponde a algo más de 142.000 desocupados, unos 12.400 más que los observados un año atrás. También, como era previsible, el empleo sufrió el impacto de la desaceleración económica. La tasa de empleo cayó y se ubicó en 58,7%, lo que se corresponde con unos 7.000 trabajadores menos.
Sin embargo, para el ICD, “es preciso tomar en cuenta que este deterioro se produce a partir de niveles récords alcanzados entre 2011 y 2014, cuando el desempleo se situó próximo al 6,5%”, por lo que “era esperable que en un escenario económico como el actual la situación se resintiera hacia los niveles actuales”. Aun así, mirando hacia adelante, se considera que “no existen factores” para pensar en una profundización del deterioro, por lo que la evolución del desempleo tendería a estabilizarse en el entorno del 8%.
Otra pieza clave en el futuro de los trabajadores es la aceleración de los precios, que para el ICD se explica, entre otras razones, por la “intensificación de una desigual puja distributiva entre capital y trabajo, en la que los empresarios, como formadores de precios, aumentan sus márgenes de ganancia ante posibles caídas de sus ventas”. Tampoco se pueden dejar de lado otros factores, como el ajuste de tarifas públicas en los primeros meses del año.
Respondiendo a las intenciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el presidente Tabaré Vázquez acordó el lunes con su Consejo de Ministros que mantendría los lineamientos salariales, proyectados un año atrás de acuerdo a una perspectiva de inflación descendente; algo que no sólo no se concretó, sino que la tendencia se invirtió.
Este movimiento implicará que “el aumento del salario real siga su tendencia descendente, siendo posible que a fin de año se llegue a un registro nulo o incluso negativo del indicador”, según el informe. Sumado a la probable caída de los ocupados en el presente año, ello conduciría a una baja de la masa salarial real por segundo año consecutivo, “un impedimento importante”, si se quiere seguir mejorando las remuneraciones más sumergidas.
El ICD afirma que la coyuntura actual exige “mejorar el resultado fiscal para evitar un crecimiento de la deuda pública”, y se comparte la propuesta del Ejecutivo de seguir bajando el Impuesto al Valor Agregado.
Sin embargo, se establece que las medidas que se proponen sobre los impuestos al capital y la riqueza acumulada son “escasas” y que la postergación de gastos sociales estratégicos anunciados son “elementos negativos de la Rendición de Cuentas”, que seguramente operen sobre la demanda interna, agravando el estancamiento económico. Para el Instituto, el sistema tributario mejoró con la reforma de 2007, pero aún está lejos de aproximarse a la consigna de “que pague más quien tiene más”.
Sostienen, por un lado, que la recaudación que se obtiene por el Impuesto al Patrimonio es “escasa”, y sugieren revisar la cantidad de exoneraciones que tienen las rentas del capital, lo que “contribuiría a la consolidación de un sistema tributario más justo”.