El proyecto de Rendición de Cuentas autoriza a enajenar los inmuebles empadronados con los números 6.177 y 7.751 ubicados en Montevideo “a quien resulte adjudicatario en el llamado a Licitación Pública que proyecta efectuar para la construcción de una Terminal Fluvio Marítima en el predio con frente a la Rambla Costanera Sur de Montevideo, conocido como ‘Predio Mauá’”. El texto, del artículo 72 que encabeza el inciso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), especifica que “dicha enajenación se realizará en concepto de contrapartida por las obras portuarias terrestres y marítimas objeto del llamado”. Ambos padrones, junto a otros que conforman la ex Usina de la Compañía del Gas y dique seco de Montevideo Barón de Mauá, fueron declarados Monumentos Históricos en 1975. Es en esa zona que el empresario rioplatense Juan Carlos López Mena propuso construir la nueva terminal de pasajeros (la obra no incluye el dique, que está bajo la órbita de la Armada Nacional). El 11 de abril el Poder Ejecutivo declaró de interés la iniciativa de Buquebus y comenzó a correr el plazo de 120 días en que la empresa debe presentar la propuesta definitiva. Cuando esté lista, el Estado llamará a licitación y, de acuerdo a la Ley 17.555, el promotor de la oferta tendrá entre 5% y 20% de beneficio respecto de los posibles competidores. El proyecto cuenta con el visto bueno de la Administración Nacional de Puertos (ANP), que ve la oportunidad de sacar la terminal de pasajeros del Puerto de Montevideo. Buquebus tuvo la concesión de la terminal desde agosto de 1995 a agosto de 2015, cuando la administración anterior no le renovó la concesión. El área elegida ahora también es parte de la zona de influencia de la ANP.
Según lo anunciado, el proyecto prevé construir la terminal, un hotel, un estacionamiento, instalaciones para servicios y locales comerciales y el Museo del Tiempo, una propuesta estatal que quedó sin financiamiento y que se prevé edificar en donde estaban las carboneras. Se prevé incluir, también, un espacio que continuará siendo propiedad de la Intendencia de Montevideo.
Adelantos
El viernes, una delegación del MTOP concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. El nacionalista Pablo Abdala consultó sobre el régimen jurídico “y el equilibrio entre las contraprestaciones razonables” que se exigirían a cambio de la enajenación de los inmuebles. “Se estima que la inversión será muy importante. Por lo tanto, quien se haga cargo del financiamiento de una obra de estas características no estará pensando en hacer una donación, sino un desarrollo comercial”, respondió el titular del MTOP, Víctor Rossi.
El jerarca reconoció que “se han hecho algunos comentarios respecto de la fiereza del oleaje en algunos momentos, pero da la impresión de que los informes técnicos descartan que este aspecto tenga más incidencia que en cualquier otro punto de la costa del país”. Entre las voces disonantes está la del arquitecto Mariano Arana, ex intendente de Montevideo y actual edil, que en una columna de opinión publicada en el semanario Brecha criticó la iniciativa de Buquebus y el aval institucional de llevar la terminal “a una zona particularmente castigada por los vientos huracanados del sur” que, además, es monumento cultural de la nación.
Rossi admitió que “es necesaria la construcción de un muelle y de una serie de escolleras de protección que son importantes. Ese muelle y esas escolleras, por definición, son áreas públicas que, una vez construidas, deberán pasar a ser propiedad del Estado uruguayo. Por ese motivo, será posible concesionar su uso, pero no su propiedad. Por lo tanto, quien haga la inversión no podrá respaldarla con la realización de estas obras, que tendrán destino público”.
Abdala manifestó preocupación porque “se supone” que los muelles y la escollera estarán “referidas específicamente a esta terminal de pasajeros”, y calculó que si algún día esas obras portuarias pasarán al dominio público “estarán referidas a una terminal privada, y no podrán tener otro destino que no sea servir a esa construcción o infraestructura privada”. Rossi respondió que el funcionamiento de la obra pública “podrá ser concesionado y, por lo tanto, tendrá una administración o gestión privada por el tiempo que surja de la negociación, pero las normas que rijan esa concesión también serán parte del elemento negociado”. “¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene por qué ser una terminal exclusiva para el uso de una empresa”, dijo, y puso el ejemplo del Puerto de Colonia, donde actualmente hay dos empresas de ferry funcionando. Si bien agregó que es necesario hacer “el esfuerzo de garantizar las actividades que sean de interés para la ciudad y para el país”, Rossi indicó que “los volúmenes de inversión hacen muy fuerte la posición del que exige determinados derechos generosos”.
El ministro aseguró que desconoce el valor de los terrenos a enajenar, aunque supuso que “es muy importante por su ubicación estratégica”. Manifestó, también, la posibilidad de que el Estado le venda a quien gane la licitación “áreas de la costa que puedan ser recuperadas a través del mecanismo de relleno”.
La cartera entiende que se trata de “una operación compleja, pero atractiva por muchos motivos”. En ese sentido, Rossi afirmó que “es una oportunidad y estamos dispuestos a profundizar en el tema todo lo que sea necesario, a fin de encontrar una buena solución”.