Un grupo de legisladores de la bancada del Frente Amplio (FA) se reunió ayer por segunda vez para analizar la propuesta de Rendición de Cuentas enviada por el Poder Ejecutivo, que está siendo tratada en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Dos posturas conviven entre los diputados oficialistas. De un lado, la del Frente Liber Seregni (FLS), que busca respetar “estrictamente” el acuerdo que, dicen, el Poder Ejecutivo hizo con el Frente Amplio (FA) para aprobar la Rendición de Cuentas sin modificar lo dispuesto por el gobierno. Del otro, casi todo el resto de los sectores del oficialismo, que buscan evitar el aplazamiento a 2018 de los gastos destinados a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y a la Universidad de la República (Udelar). Detrás de esta última propuesta están el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Socialista, Compromiso Frenteamplista, el Partido Comunista del Uruguay, Ir y el Partido por la Victoria del Pueblo.
El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay, que integra el FLS) explicó la postura de su sector, que “va a cumplir estrictamente la posición de articular el acuerdo del Poder Ejecutivo con el FA”. En cambio, Lilián Galán (MPP) sostuvo que hay varios sectores del oficialismo que están de acuerdo con reducir el déficit en 460 millones de dólares para lograr un ajuste de un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) del país. “Pero lo que queremos ver es de qué manera podemos llegar a ese monto sin tocar los gastos en educación, en la ANEP y la Udelar”, agregó. Los sectores del FA elaboraron una serie de propuestas que serán presentadas al equipo económico del Ministerio de Economía y Finanzas el jueves, cuando la bancada se reúna con jerarcas de esa cartera.
Si bien Galán no quiso adelantar nada respecto de las propuestas económicas, fuentes que participaron en el encuentro dijeron a la diaria que, a diferencia de lo que el oficialismo hizo en el caso del Presupuesto, no se apostará a la búsqueda de redistribuir partidas internas dentro de la administración pública, sino a aumentar los ingresos del Estado por medio de impuestos. Concretamente, ayer en la bancada se presentaron dos iniciativas: realizar ajustes al Impuesto al Patrimonio y modificar exoneraciones en “el juego”.
La primera de estas iniciativas no implica sólo revisar algunas exoneraciones al Impuesto al Patrimonio, que grava patrimonios mayores a 111.000 dólares, sino elevar las tasas en todas sus modalidades, tanto en el sector agropecuario como en lo concerniente a personas físicas y jurídicas. Con estas modificaciones tributarias se pretende recaudar 90 millones de dólares anuales.
La otra modificación propuesta consiste en eliminar las exoneraciones de IVA a los juegos de azar en la actividad privada, lo que abarcaría a todas las salas de casinos privadas del país, pero no a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas del Uruguay. Mediante este mecanismo se podría recaudar 40 millones de dólares por año.
Con las dos modificaciones tributarias se sumarían 130 millones de dólares que no sólo permitirían evitar el aplazamiento del gasto destinado a la educación para 2018 (de 48 millones de dólares), sino que incluso posibilitarían proveer al Estado de más recursos. Sin embargo, para que esto ocurra los diputados deben convencer al equipo económico de que presente una iniciativa adicional, porque la Constitución establece que el Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa para impulsar aumentos impositivos.
En paralelo, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda continuará recibiendo delegaciones durante el resto de la semana. Hoy concurrirán las autoridades del Ministerio de Salud Pública; mañana, las del Instituto Nacional de Inserción Social Adolescente y la cancillería, y el jueves, las del Ministerio de Economía y Finanzas, para hablar del inciso correspondiente a esta cartera incluida en el proyecto de Rendición de Cuentas. Ayer la bancada del FA propuso comenzar la votación del proyecto el 21 de julio, para que a la semana siguiente pueda ser presentado al plenario de la cámara. El ritmo de votación que busca imponer el FA será definido en la coordinación de su bancada.
Cuestión defensiva
El viernes, el subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Jorge Menéndez, visitó la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para presentar los artículos relacionados con su cartera. El jerarca informó que el dinero destinado a ese ministerio representa 7,78% del crédito total de la administración central y los organismos incluidos en el artículo 220 de la Constitución. El dinero que la cartera recibe anualmente, aproximadamente 469 millones de dólares, equivale a 0,91% del Producto Interno Bruto, a 17% de la administración central y a 3,67% del gasto público total.
Del presupuesto del MDN, 72% se destina a salarios y “cargas sociales”, 23% a gastos de funcionamiento y 5% a inversiones. Menéndez dijo que los salarios deben mejorar, pero también el porcentaje en inversiones. Sostuvo que estas últimas no se financian por medio una “única fuente”, sino también con las misiones de paz, “que reportan ingresos no presupuestales” que, según calcula el subsecretario, ascienden a entre 45 y 55 millones de dólares anuales.
Durante la sesión de la comisión, el jerarca fue consultado por un artículo del Presupuesto que autoriza al MDN al “cumplimiento de funciones de apoyo a los cometidos de barrera sanitaria fronteriza”, a cargo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El texto habilita al personal militar de la cartera a realizar tareas de “detención y revisación” y, si es necesario, a utilizar “medios materiales de coacción”, usados de forma “racional, progresiva y proporcional”. Menéndez se manifestó de acuerdo con el espíritu del artículo, aunque dijo que incluye “cosas que son innecesarias”: “Hay cuestiones que son obvias, que no deberían estar y que la reglamentación deberá determinar. El MDN no será un auxiliar de la Justicia”.
El jerarca fue consultado por el nacionalista Gustavo Penadés respecto de la reforma del Servicio de Pensiones y Retiros de las Fuerzas Armadas, y allí dio una respuesta muy escueta: tras explicar que esta propuesta deberá ser presentada en una norma distinta a la Rendición de Cuentas, sostuvo: “El gobierno nacional pretende hacer una reforma estructural de un servicio que ha quedado postergado en el tiempo con respecto a las reformas previsionales que se han hecho en el país [...] El Ministerio de Defensa Nacional pretende lograrlo de una forma inclusiva. No podemos decir más que lo que ya está expresado en la exposición de motivos. Cuando el gobierno tenga un proyecto, lo presentará por intermedio del ministerio que crea conveniente”.