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El intendente de Salto, Andrés Lima, fue declarado inocente por el Tribunal de Apelaciones.

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El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno decidió revocar la sentencia que condenaba a ocho meses de prisión al intendente de Salto, Andrés Lima, que había sido dictada por el juez penal de ese departamento, Hugo Rundie. En los hechos, la absolución del jerarca implica que podrá seguir ejerciendo su cargo, mientras que la denunciante, la edila Dayana Añasco (ex Frente Amplio -FA-), tendrá 15 días para presentar un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia.

Lima fue acusado por Añasco luego de que divulgara en una conferencia de prensa los detalles de una investigación administrativa y una denuncia penal presentadas contra ella y otros dos ediles, también del FA, por la adulteración de boletas ante la comuna. Según Rundie, Lima había actuado con “real malicia” al momento de realizar la conferencia de prensa. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones concluyó que Lima “divulgó una información, la cual a la luz de los conceptos indicados, se puede catalogar de veraz e imparcial”. Esa información no se hizo “para dañar a la denunciante ni, como dice la misma, para arbitrar una cuestión de política interna de su agrupación”, ni tampoco incurrió en “real malicia”, debido a que “sus expresiones no fueron realizadas a sabiendas de que eran falsas o con temeraria indiferencia por la verdad”. En cambio, se consideró que “lo divulgado por el Intendente fue una información veraz, en aras de la transparencia de la cuestión pública sin que surja que haya existido real malicia en la difusión para perjudicar a la denunciante”. Según la sentencia, “resulta de indudable interés público el conocer la existencia de presuntos actos de corrupción y la necesidad de todos los ciudadanos de combatirla en todo momento y en todo lugar que se presente”.

Tras la audiencia, Lima escribió en Facebook: “tranquilidad es lo que siento en este momento, de haber actuado conforme a nuestras leyes, priorizando la transparencia de nuestro gobierno, la honestidad y el derecho de los ciudadanos a la información objetiva. He cometido errores en mi vida política, pero jamás podrán decir que encubro conductas o hechos corruptos. No negocio con la corrupción”.

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