El Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley Plan Integral de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, uno de los acordados en la Comisión Interpartidaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y se le incluyeron los cambios acordados para que los delitos vinculados al narcotráfico sean inexcarcelables.
El texto crea la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado y el Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera. La primera funcionará en la órbita de Presidencia de la República; estará integrada por el prosecretario de Presidencia, subsecretarios de los ministerios del Interior, de Defensa Nacional, de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores, el Banco Central y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y estará encargada de elaborar un plan de combate al narcotráfico. El comité, en tanto, estará integrado por representantes de los mismos ministerios sumados a la Junta Nacional de Drogas y la Administración Nacional de Puertos, y será el que coordine las actuaciones de los organismos con competencia en materia de migración, aduana, represión del tráfico ilícito de drogas y control de la seguridad en aeropuertos, puertos y pasos de frontera.
El proyecto busca abordar también “la problemática social derivada del microtráfico de drogas, en especial la pasta base de cocaína”. Para eso se busca coordinar acciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, para “contemplar y brindar soluciones de tipo social, a quienes mantengan vínculos familiares, afectivos o de dependencia económica con los imputados por delito de tráfico de drogas”. El proyecto establece que ante un procesamiento vinculado a los delitos de narcotráfico, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay debe evaluar si “estuvieren siendo afectados derechos de terceros que mantengan vínculos familiares, afectivos o de dependencia económica con los imputados”, y brindarles atención y seguimiento si corresponde.
También apunta a mejorar los análisis científicos de las sustancias ilícitas incautadas, para lo que se habilita a la Policía Científica del Ministerio del Interior y a otros organismos estatales que cuenten con capacidad para hacer los análisis, a hacerlos.
Pero además, el proyecto incorpora otro de los acuerdos en el marco de la Comisión Interpartidaria, para volver inexcarcelables los delitos vinculados al narcotráfico. La iniciativa modifica un decreto ley de 1974 y fija en dos años de penitenciaría la pena mínima para la producción de las materias primas o de las sustancias previstas en esa ley (hasta ahora la mínima es de 20 meses, por lo que es excarcelable), salvo cuando esté vinculada a la producción de cannabis, que no tendrá pena. También se fija una pena mínima de dos años para los delitos de tráfico de estupefacientes, cuando es cometido por un grupo delictivo organizado, y de 20 meses cuando es cometido por una persona.
Javier García, senador del Partido Nacional, opinó que el proyecto “está bien pero es parcial”, ya que no contempla “aumento de penas para suministro y tráfico interno”.