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La Junta Departamental de Canelones resolvió imponer cinco multas a productores rurales del departamento, al amparo de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Tres de las sanciones económicas recayeron sobre Máximo Castilla, médico y productor sojero de la zona de Paso Picón. Deberá pagar dos multas de 10.000 UR (unidades reajustables) por “fumigación en el área de exclusión de actividades que generen perjuicio a la salud de los pobladores o al ambiente de 300 metros en torno al perímetro rural con asentamientos humanos Paso Espinosa-Paso Picón” y otra de 15.000 UR por la reiteración de la fumigación en la misma área. La suma de las tres multas supera el millón de dólares. También se aprobó multar por 20.000 UR (más de 600.000 dólares) a un productor de la cuenca de la Laguna del Cisne por “modificación predial” en un ámbito cautelado y a otro del Paraje Las Brujas, que también tendrá que pagar 20.000 UR por “alteración física del territorio” en un ámbito cautelado. La imposición de multas de este tipo requiere la aprobación de una mayoría especial de 21 ediles, por lo que el Frente Amplio (FA), con 19 ediles, necesitaba por lo menos dos votos de ediles de la oposición. Además, Castilla integra una agrupación del Partido Nacional (PN), lo que podía incidir en que las multas no se aprobaran. Sin embargo, además del FA, apoyaron multar al productor de Paso Picón tres ediles del PN: Silvia de Borba, Joselo Hernández y Raúl Detomasi. Por su parte, las otras dos multas a los demás productores consiguieron 24 votos, ya que a estos tres ediles se sumaron dos blancos más: Henry Sugo y Richard Pérez. Ninguno de los tres ediles del Partido Colorado votó las multas. El edil del FA Maximiliano Rivero dijo a la diaria que la decisión de la junta, “como todo acto administrativo”, puede ser apelada “ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo” y este “tendrá que dirimir”. Rivero consideró que la votación del viernes “es un hecho histórico” porque se impusieron “las multas más altas de la historia en el departamento”, y agregó que “el mensaje que se les da a los vecinos que están involucrados” en la defensa del medioambiente es que “la Intendencia los respalda”, y para el resto “el mensaje es que Canelones tiene reglas de juego claras”. “Hay normas y se tienen que cumplir, y el que no las cumpla será sancionado sin importar quién sea”, concluyó.