El 28 de julio, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, habló con los miembros de la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario de la Asamblea General. En esa ocasión aseguró que las “condiciones de convivencia” en algunas cárceles, como los módulos 8, 10 y 11 de la Unidad Nº 4, de Santiago Vázquez, ex Comcar, y de la Unidad Nº 3, Penal de Libertad, “deterioran” no sólo a los reclusos, sino también al personal penitenciario, y que a raíz de esto los hechos de violencia se dan entre internos y también entre internos y funcionarios. Petit dijo que denunciará a un funcionario que agredió a un interno, situación que fue constatada por integrantes del equipo de la Administración de Servicio de Salud del Estado.
Violencia intramuros
La primera muerte dentro de las cárceles este año fue en el Penal de Libertad, el 24 de enero; la última, el 28 de julio, en el mismo lugar. En total en 2016 han muerto 21 personas privadas de libertad, según información oficial y datos del comisionado brindados por Búsqueda el jueves. Según supo la diaria, se trata de diez homicidios, cuatro muertes naturales, cuatro suicidios, dos accidentes y una de la que no se especifica causa. Diez muertes ocurrieron en el ex Comcar, siete en el Penal de Libertad, una en la cárcel de Canelones, una en El Espinillar (Salto), una en Cerro Carancho (Rivera) y una en Cerro Largo. Vale señalar que dos suicidios ocurrieron en cárceles de confianza y mínima seguridad y otros dos en cárceles de media y máxima seguridad. A las muertes se les suman centenares de hechos violentos, que van desde agresiones físicas hasta intentos de autoeliminación.
Consultado por la diaria, Petit afirmó que “la muerte ocurrida en prisión constituye un hecho muy grave y es una señal de alarma que indica que el Estado, que existe para garantizar los derechos humanos de todas las personas, está omiso o ausente”. Además, agregó que “más allá del episodio concreto de enfrentamiento de dos internos, existe un contexto institucional en el que la ausencia de un programa socioeducativo sostenible es la causa estructural de la violencia”.
Respecto de las muertes en el Penal de Libertad -donde ocurrió la última-, Petit señaló que “no hay un asistente social”, y, al no existir un trabajo de asistencia con la familia, se generan “situaciones de vulnerabilidad y mala socialización” que no son atendidas. Aseguró que “una fuente de violencia permanente es el malestar por problemas familiares, por no saber cómo está un hijo”. En ese sentido, aseguró que “si la política penitenciaria no se mezcla con la política social estamos liquidados [...] Hay una cantidad de penalidades que se añaden a la privación de libertad. El Estado es el que está incumpliendo las normas; es la peor señal que hay”. El comisionado elaboró un informe dirigido al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en el que recomienda instalar cámaras en los patios, instalar un polo industrial y otro educativo donde antes estaban “Las Latas”, que “se establezca un departamento de Preparación del Egreso que tenga presente los internos que serán liberados en plazo de año y medio y vaya conformado un plan y estrategia de integración social”, entre otros.
En cuanto al ex Comcar, Petit dijo a la comisión que “la situación” en los módulos 8, 10 y 11 “no está para nada superada”; al contrario, “sigue siendo muy mala”. Aclaró que “ha habido medidas que han significado alivio en algunos sectores, pero sigue habiendo sectores enteros de estos módulos que no salen al patio. Sigue habiendo salidas nocturnas y problemas entre los internos, copamiento de celdas, amenazas, pedidos de peajes, familiares que no quieren ir a la visita porque se sienten amenazados”.