“Mientras la enseñanza pública aporta un mínimo de 19,5% de aporte patronal al BPS [Banco de Previsión Social], más un 5% de aporte al Fonasa [Fondo Nacional de Salud], las empresas privadas en general lo hacen a un promedio del 7,5%”, dice el comunicado que el Sindicato Nacional de la Enseñanza Privada (Sintep) difundió ayer. Las críticas apuntan a una “inequidad” a favor de las “empresas de la enseñanza privada” que actualmente permite “que los empresarios industriales, agropecuarios y comerciales descuenten el 83% de las donaciones que les realicen”, y sostienen que la modificación que propone el Poder Ejecutivo no representa un atentado a la libertad de enseñanza. Sintep entiende, además, que el cambio tributario no necesariamente afecta a la oferta de becas, algo que las universidades privadas presentan como consecuencia pero que, para el sindicato, obedece a una decisión unilateral.
Los docentes señalan que el sector empresarial protesta por conservar beneficios fiscales mientras desconoce las “sistemáticas denuncias sindicales sobre la precarización laboral y las prácticas de persecución antisindical”, un discurso al que, señala Sintep, se sumaron algunos parlamentarios. Los 9.000.000 de dólares que se exoneran cada año, aseguran, podrían reinvertirse en las condiciones de trabajo de docentes vinculados a sectores sociales marginados, como los centros CAIF y los clubes de niños, casos en que se “escamotea por parte de las patronales y el Estado el pago de la antigüedad”.
Sintep aclara que no comparte la política de recortes a la educación pública. “Más que hacernos eco de los que ponen el grito en el cielo ante el legítimo y democrático derecho de redirigir el gasto social del Estado, nos decidimos a actuar enérgicamente para defender el derecho de las grandes mayorías y terminar con los incumplimientos que postergan a los trabajadores”, termina el comunicado.