El proyecto de ley del Plan Integral de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado volvió a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Ayer iba a ser aprobado por el plenario, pero finalmente no se trató, porque se acordó entre todos los partidos hacerle algunos ajustes en comisión, explicó a la diaria la senadora frenteamplista Daniela Payssé. Las modificaciones se concentran en los tres artículos del proyecto que abordan la protección a las familias en estado de vulnerabilidad en caso de procesamientos por narcotráfico.
El proyecto dispone que en casos de procesamientos -uno de los cambios consiste en agregar “procesamientos con prisión”-, el Poder Judicial deberá dar cuenta al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Ambos organismos deberán evaluar si “a raíz de dicho procesamiento, estuvieren siendo afectados derechos de terceros que mantengan vínculos familiares, afectivos o de dependencia económica con los imputados”. En ese caso, deberán “prestarles atención y seguimiento a los terceros afectados, integrándolos a los planes sociales específicos, de acuerdo a sus respectivas competencias”.
Payssé explicó que el articulado es “medio confuso” y que se buscará precisar que los encargados de determinar las medidas a adoptar para los familiares de los imputados serán el Mides y el INAU. El proyecto se votará finalmente en una sesión extraordinaria del Senado este mes.