Para ahorrar costos en algunas localidades donde la cantidad de habitantes no ameritaría el horario de oficina “completo”, el directorio del BROU decidió a principios de agosto cerrar “parcialmente” 14 nuevas sucursales en el interior del país, que se sumaron a otras seis que cerraron entre 2015 y 2016. Este cierre “parcial” implica que las sucursales afectadas abran dos o tres días a la semana según el caso, y mientras tanto el Correo Uruguayo -que firmó un convenio con el BROU hace diez días- actúe como corresponsalía financiera alternativa.
AEBU, que se enteró de la decisión dos semanas después de tomada y por medios “informales”, envió inmediatamente una carta al presidente del BROU, Jorge Polgar, en la que le manifestaba su rechazo a esta “forma de proceder”. “El convenio colectivo y las condiciones de trabajo vigentes dicen que debe haber un ámbito bipartito para llegar a acuerdos que tengan que ver con el funcionamiento de los bancos, pero en este caso el banco se adelantó y tomó una decisión sin discutir con el sindicato, incumpliendo lo convenido”, explicó Pévere.
Durante una reunión el jueves en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) con una delegación del Poder Ejecutivo conformada por integrantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los bancos oficiales, así como la Agencia Nacional de Vivienda, los representantes del Consejo de Banca Oficial de AEBU -que solicitaron una entrevista para discutir este punto al presidente del BROU, aunque aún no obtuvieron respuesta- consultaron por las razones de estos movimientos “unilaterales”.
Desde el gobierno se les contestó que “no se habían dado cuenta de que incumplía el convenio”, sino que estimaban que “sólo se necesitaba una resolución del directorio” para ejecutar la suspensión, según detalló Pévere. Con Polgar de viaje, el vicepresidente del BROU, Leandro Francolino, presente en la reunión, se comprometió a gestionar la entrevista y trasladar los reparos del sindicato al directorio. Ante esto, AEBU solicitó que “se suspenda el cierre” anunciado y se pase al ámbito de discusión bipartita. Por su parte, el consejero de AEBU enfatizó que el “error” no necesariamente se constituye “en lo que están haciendo, sino en cómo lo están haciendo”.
“Con esta medida lo que se quiere es educar a la gente para que vaya menos al banco. A lo que se apunta es a la inclusión financiera, pero desde la visión consumista: que se tenga la tarjeta de crédito y de débito y que se consuma a través de esta, cobrando por las transacciones realizadas, pero para nosotros la inclusión financiera tiene que tener una tónica orientada a la calidad y la atención, y en este sentido, las corresponsalías financieras bajan los estándares. Además, algo no menor es el rol social que cumple el Banco República, que consideramos que es tan importante como la administración de los costos”, manifestó.
De cara a la consideración del nuevo convenio, en la reunión del jueves el Ejecutivo le manifestó al sindicato su oposición a negociar la plataforma del gremio. Ante esto, las opciones serían optar por el convenio que se firmó en diciembre de 2015, sin mejora alguna, o por el preacuerdo de abril, rechazado en mayo por una asamblea de AEBU.
A raíz de las entrevistas mantenidas con el Banco de Seguros y el Hipotecario durante la semana pasada, en las que se profundizó en la extensión horaria que estas instituciones pretenden incorporar en el convenio colectivo de la banca oficial, el Ejecutivo le propuso a AEBU incorporar al acta aclaratoria -que en su momento integró el preacuerdo- cinco puntos sobre lo acordado.
Estos tienen que ver con la reafirmación de la jornada laboral establecida por el convenio, que la experiencia obtenida en la extensión de la jornada “no sea computable en los concursos”, que el horario extendido sea “a término” y pueda renovarse con consentimiento expreso del trabajador, que haya una instancia de evaluación del funcionamiento del sistema a un año del inicio y que el porcentaje del personal incluido a la extensión de la jornada no supere en ningún caso al 10% de los trabajadores del sector.
El Ejecutivo también se mostró favorable a incorporar un sexto aspecto en relación al ingreso de funcionarios por concurso a la banca oficial, uno de los tres puntos -junto con la extensión horaria y la pauta salarial- prioritarios para AEBU, que pretende “terminar con las tercerizaciones”. Sin embargo, como la representativa no estaba habilitada para negociar sobre este tema, no se pudo avanzar. Pévere advirtió que estos seis puntos se incluirían en un acta “complementaria” que aún no se ha redactado.
Una vez finalizada la reunión en la Dinatra, el Consejo del Sector Financiero Oficial resolvió por unanimidad proseguir con los paros con asamblea durante la semana: el martes 23 en todas las dependencias de los departamentos de Flores y Florida, y el miércoles 24 en Durazno y San José.
Por otro lado, no se acordó con el Ejecutivo un nuevo encuentro. Teniendo en cuenta el “estado” de las negociaciones y “la situación con el BROU”, Pévere afirmó que “podríamos llegar a juntarnos con la banca privada para hacer movilizaciones juntos”, ya que si bien se trata de un tema que atañe al orden oficial, también lo trasciende. El consejero afirmó que “muy probablemente en el transcurso de esta semana” se fije una fecha para el paro de 24 horas y la asamblea en la que AEBU deberá definir sobre la renovación de su convenio colectivo.