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El gobierno emitió ayer un comunicado en el que expresó que Uber “sólo puede desempeñarse en la República si cumple fielmente las normas consagradas en nuestra legislación, quedando sometida a los contralores referidos y a las sanciones que del incumplimiento se deriven”. El Ejecutivo recordó que envió el 14 de marzo al Parlamento un proyecto de ley para “regular las actividades de los prestadores que emplean medios informáticos y aplicaciones tecnológicas para concertar diversos servicios dentro de los que se incluye el transporte privado de personas”. El proyecto, se sostiene, busca “proteger el interés general, confiado a su gestión, sin desconocer el avance tecnológico y la utilización de los sistemas informáticos como herramientas para la evolución de las sociedades”. Esta expresión se dio a conocer días después de que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, descartara en una resolución fechada el 5 de agosto que Uber incurriera en “violaciones a disposiciones sobre la libre competencia”. Además, recomendó a las autoridades nacionales y departamentales que, en caso de reglamentar el uso de aplicaciones tecnológicas como la de Uber, tengan presente “que se debe diseñar un marco favorable a la competencia, que busque la igualdad de condiciones de las partes para competir, que no establezca requisitos injustificados ni barreras a la entrada que impidan el ingreso de nuevos agentes al mercado y que no resulte en un obstáculo para el desarrollo de nuevos modelos de negocios”. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia tampoco encontró “ilegalidades” en la empresa, aunque especificó que le es “materia ajena” la “posible omisión en el cumplimiento de aspectos fiscales o de seguridad social, así como la concesión de autorizaciones o permisos”.