El 22 de agosto, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) comunicó que cerrarían 13 juzgados de Paz del interior, en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Salto y Soriano. Ayer, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) emitió un comunicado en el que manifiesta su “profundo rechazo” a la decisión. “Los trabajadores judiciales, en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional 2015, planteamos al Poder Ejecutivo y al Parlamento los perjuicios que supondría para la población la no asignación de recursos al Poder Judicial”, dice el texto. Para los trabajadores, algunas zonas del “interior profundo” del país verían afectadas todas las acciones que demanden presencia judicial, y sus habitantes se verían obligados a trasladarse a otras localidades para “ejercer efectivamente sus derechos, lo que no siempre es posible por no contar con los medios necesarios”. Para la SCJ, el fundamento es económico: los recortes implicarían un ahorro de 4.000.000 de pesos al año.
“Las localidades afectadas son chicas, y la única presencia judicial es esa sede que cerró”, dijo a la diaria Carlos Fessler, secretario general de AFJU. Las sedes afectadas cumplen las funciones de registro civil y de dirimir conflictos menores entre vecinos. Los jueces de paz serían trasladados a ciudades más grandes, así que no habría pérdida de puestos de trabajo, por lo que no se está considerando tomar medidas gremiales. El diálogo entre delegados de la asociación y Ricardo Pérez Manrique, presidente de la SCJ, fue “fluido”, dice el dirigente, pero no implicó avances. Para Fessler, se trata, además, de una “voz de alerta” ante la inminente aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, que regirá a partir de febrero de 2017: “Con estos recursos vamos a tener enormes problemas”.