El intentende blanco de Artigas, Pablo Caram, explota un predio de 707 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización (INC) en ese departamento, por el que paga una renta anual de 416.062 pesos. Su colega de Maldonado, Enrique Antía, también del Partido Nacional, tiene un predio del INC de casi 50 hectáreas y paga por él 78.001 pesos anuales; otro correligionario de ambos, el intendente de Flores, Fernando Echeverría, es el responsable de una fracción de casi 90 hectáreas, con un costo anual de 126.059 pesos. La lista de políticos nacionalistas que explotan tierras del INC no termina ahí: el senador Álvaro Delgado, del sector Aire Fresco, explota un inmueble de 339 hectáreas en la colonia Horacio Ros de Oger, en Paysandú (antes de llegar a la cámara alta, fue diputado por ese departamento), por el que paga una renta anual de 369.930 pesos, según los valores correspondientes al último vencimiento, del 30 de abril.
Todos estos datos se desprenden de un informe que publicó el jueves 28 el suplemento Campo, del semanario Búsqueda, que se basó en el cotejo de algunos datos públicos del INC con otros que solicitó ese medio, al amparo de la Ley 18.381, de Acceso a la Información Pública. La consulta inicial que planteó Búsqueda apuntaba a contar con datos sobre las rentas diferenciales que estableció el INC desde mayo de 2011, los números de los inmuebles y las fracciones, las colonias que integran y las rentas anuales; a partir de esa respuesta se cruzó la información y se llegó a los nombres de los políticos que pagan ese monto diferencial.
En noviembre de 2015, el directorio del INC resolvió aplicarles una “renta diferencial” a todos los colonos arrendatarios que sean electos para ocupar cargos remunerados, como diputados, senadores o intendentes; también determinó en aquella oportunidad que en esos casos “la renta de la fracción será ajustada mediante la multiplicación por un coeficiente de 1,7”. La decisión, recuerda el suplemento agropecuario, fue aprobada por los cinco integrantes del directorio del INC, incluyendo al representante de la oposición, el nacionalista Rodrigo Herrero, ex presidente de la Federación Rural. La situación de Delgado ya se conocía: durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el entonces diputado por Rocha Aníbal Pereyra (Movimiento de Participación Popular) denunció en varios medios la situación de su colega y aportó documentación sobre cómo se concretaron estas adjudicaciones durante el gobierno del colorado Jorge Batlle (2000-2005); unos años después, en 2010, el propio INC encomendó al gerente de la oficina regional de Paysandú que elaborara un informe sobre la situación del predio que explota Delgado, y, en la última campaña electoral, el caso también fue mencionado.