Una bolsita de polietileno trilaminado (o sea, con tres capas), nada transparente y con cierre ziploc para una mejor conservación, será el envase del cannabis que se venderá en farmacias, adelantó a la diaria Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND). Esa era una de las preocupaciones de algunos diputados que integran la Comisión Especial de Adicciones y que ayer convocaron a las tres cabezas del proyecto: Olivera, Juan Andrés Roballo (prosecretario de Presidencia y, por ende, presidente de la JND) y Augusto Vitale, que preside el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). El packaging, contestó la comitiva, será genérico y no incluirá estímulos al consumo; no va a estar a la vista en las farmacias y lucirá advertencias que redactó el Ministerio de Salud Pública (MSP): no consumir durante el embarazo, ni en ámbitos laborales (en especial, quienes manejen maquinaria pesada), ni durante la adolescencia. Sólo habrá un logo, el del Ircca, e indicaciones sobre el nivel de tetrahidrocannabinol y los cannabinoides que contiene cada muestra; no figurarán los nombres de las dos empresas habilitadas para la producción: ICCorp (de capitales uruguayos y británicos) y Simbiosys (de capitales locales y argentinos). El diseño ya está listo, y las bolsas ya se están comenzando a producir.
Pero hay más eslabones en la cadena de esta tercera vía de acceso a la marihuana recreativa (las otras dos son el autocultivo y la membresía a un club), como el sistema informático para que los consumidores se registren. Fuentes del Correo Uruguayo afirman que al 1º de agosto ya había 60 puntos en condiciones de operar y gran parte del personal estaba capacitado. El Ircca estaría al tanto de todo eso, y sólo faltaría “coordinar la operativa” y afinar “cuestiones formales”. Olivera coincide en que el sistema operativo que coordinará todo ya está instalado en los seguros servidores del gobierno.
El punto más conflictivo, y el que estaría demorando el redondeo del plan, es la adhesión de las farmacias. Por lo pronto, el otro polo del sistema electrónico, el que permitirá que los consumidores retiren la marihuana, no comenzó a concretarse. “Hay que conectar el aparato a la central del Ircca. Es un sistema muy sofisticado, porque tiene que asegurar que si me compran cannabis en La Teja, no van a ir a retirar más en Villa García”, ejemplifica Jorge Suárez, presidente del Centro de Farmacias. Por otro lado, también juega un tema de imagen: con casi 80% de la opinión pública en contra del proyecto de ley, puede atraer a “chiquilines mal vestidos que pueden generar problemas” o afectar la seriedad de un comercio que vende medicamentos, a veces para personas mayores.
Suárez dice que, además, los negocios piden garantías como cámaras de vigilancia, guardias y costos extra: “Cada farmacia tiene que comprar un cofre para que el cannabis esté separado de cada medicamento, como están separados los psicofármacos”. Hoy, reconoce, la mayoría de los robos apuntan a desodorantes que después se venden en las ferias y, directamente, a la plata. También genera suspicacias la ganancia, que oscilaría entre 90 y 120 pesos. Hasta el momento hay unas 50 farmacias que firmaron un preacuerdo, y Suárez afirma que se cumplirá el apoyo que se prometió al gobierno. Tiene la certeza de que más comercios se irán sumando, pero que tal vez el gobierno tenga que acudir a otras vías de acceso, como las redes de cobranza, que ya tienen sus propias medidas de seguridad.
“Creo que se está avanzando muy rápido, tomando en cuenta todas las dificultades que implica implementar normas sobre un producto que estuvo prohibido”, dijo el diputado frenteamplista independiente Luis Gallo, que ayer de tarde estuvo en la Comisión Especial de Adicciones. Según el legislador, Roballo no planteó la posibilidad de arreglar con locales de pago como una hipótesis de trabajo, y ni siquiera tuvo contacto con los responsables. El plan es empezar con las farmacias que están dispuestas a firmar el acuerdo, y, si no son suficientes, “la JND tendrá que tomar acciones”, afirmó. Agregó que, según el gobierno, se está haciendo todo lo posible para que los cogollos se puedan comprar antes de fin de año.
Lo que sí se espera que empiece “en las próximas semanas” (en palabras de Roballo) es una campaña masiva que será al mismo tiempo de bien público, de advertencias sanitarias y de difusión del sistema de acceso. Ayer, en la comisión, Roballo adelantó que se va a conformar un equipo integrado por representantes del MSP, del Ircca, de la JND y de una empresa de comunicación que ganó una licitación a la que se presentaron tres. El nombre de la agencia no consta en actas, pero la diaria pudo averiguar que se trata de Srmiyagi, una empresa que trabajó en publicidades para la marca de preservativos Prime, el proyecto VIH Uruguay, el té President, la JND y el MSP.