El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, acabó con el silencio y decidió hacer sus primeras declaraciones sobre la situación de la secretaria del ex diputado Jorge Orrico, Graciela Valdivieso, por quien no se hicieron aportes al Banco de Previsión Social (BPS) durante sus casi 20 años de trabajo en el despacho del legislador. Tras un almuerzo en la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, Astori dijo, en declaraciones recogidas por El País, que su sector, Asamblea Uruguay (AU), “jamás tuvo un problema de este tipo ni lo tendrá en el futuro, porque ha cumplido rigurosamente con sus obligaciones en materia de seguridad social”. Según agregó, “quienes integran la secretaría de los legisladores dependen de los legisladores”, por lo que “no son funcionarios de Asamblea Uruguay”. De hecho, dijo que estos definen “a quién contratan, cuánto le pagan y cómo le pagan, con un límite que es la partida del Parlamento”.
La que también habló fue Valdivieso, que en entrevista con No toquen nada dijo que quien se encargaba de liquidar su sueldo era AU. “Los primeros recibos, los más viejos, eran un papel que decía ‘Asamblea Uruguay, 2121, constancia de pago...’, un garabato que eran las firmas y me lo daban. Yo cruzaba del edificio anexo [del Palacio Legislativo] al edificio viejo, donde estaba el despacho del senador Astori”. La ex secretaria identificó que en principio el pago lo realizaba Gabriel Retamoso y después la pareja de Astori, Claudia Hugo, “o una de las que estaban con ella”. “Me lo daban en un sobre, pero eso fue al principio, después empezaron a depositarlo en el banco. Cuando empezaron a depositarlo en el Banco República [BROU], nunca más vi un papelito de ningún tipo”. La ex secretaria de Orrico reconoció que al principio sabía que cobraba en negro, pero nunca lo denunció: “Como no me dieron pelota lo fui dejando pasar, pensando en que se iba a regularizar cuando me pusieron toda la plata en el BROU. Pero evidentemente no fue como yo creí. Jorge [Orrico] sabía que me depositaban en el BROU, pero para qué le iba a decir que no me daban recibo de sueldo. No le comentaba nada”.
Pero además de Astori, también Hugo habló sobre el tema, en una versión un tanto contradictoria con la del ministro. En declaraciones a VTV, dijo que, en el sector, los legisladores son quienes le ordenan a la organización lo que se tiene que pagar, y que los aportes al BPS estaban a cargo de la organización, pero “de acuerdo a lo que ordena el legislador”. Según Hugo, Orrico “no autorizó nunca pagarle aportes”: “Ella ya era jubilada cuando ingresó y nunca tuvo interés en estar aportando al BPS. Cuando ingresó dijo que era jubilada y venía a cobrar una extra. Así se mantuvo durante todos estos años, y nunca el legislador nos ordenó otra cosa”.
Estas declaraciones de Hugo fueron calificadas de “disparate” por Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores. “El responsable de registrar y aportar es el empleador, no el trabajador. Aunque el trabajador firme un papel exigiendo que no quiere ser registrado, luego puede hacerte un agujero grandísimo. Nadie puede estar por encima de la ley, que dice que el empleador es el responsable de registrar y aportar. De lo contrario, se incurre en una falta y se es pasible de una sanción”, dijo a la diaria.
En tanto, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a título personal que la situación es “disparatada”, ya que “si bien el trabajador puede expresar la voluntad de estar en negro, no puede estarlo, porque lo que hay que hacer es lo que indica la ley”. Para el dirigente sindical, a raíz de esta situación, “el Parlamento debería verificar que todos quienes ocupan cargos de secretarías privadas de los parlamentarios estuvieran registrados en el BPS”. Según dijo, la informalidad no sólo está en el campo o en el sector doméstico: “No tiene que ver con el nivel de salario, sino con si tenés derechos en la seguridad social”. A Pereira incluso le “llama la atención” que el tema “no nos conmueva como sociedad”. “Si los que votan las leyes no las cumplen, estamos en un problema complicado. Como señal política, que el Parlamento tenga gente en negro es muy negativo”, finalizó.
En medio de este controvertido diferendo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, aprovechó la oportunidad para declarar que la situación “debe servir para que se entienda lo importante que es para el país avanzar en el proceso de regularización y formalización”.
Uno de los directores de su cartera, el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, tampoco se privó de hablar del tema. En declaraciones a Radio Rural, el jerarca dijo que Valdivieso “era trabajadora por un partido político”, y opinó que si bien el Consejo Político Nacional de AU dijo que los secretarios de los legisladores son dependientes de las personas y no de la organización política, “en la inmensa mayoría de los casos esto no es así”.
La prácticamente nula intervención de la oposición en el procedimiento tampoco pasó de- sapercibida, especialmente en el movimiento sindical. El dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida Richard Read escribió en Twitter: “Silencio de los 130 legisladores sobre aportes al BPS e IRPF amerita inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Más transparencia, más democracia”. Su comentario motivó una respuesta del senador colorado Pedro Bordaberry: “Si el BPS está actuando y determinando las responsabilidades, no tenemos nada que decir; si no lo hiciera, lo pediríamos”.
Ayer a última hora, el portal de El Observador daba como firme candidato a ocupar la presidencia del SODRE al ex gerente del Ballet Nacional, Gerardo Bugarín.