Álvaro Dastugue es pastor de la Iglesia Misión Vida para las Naciones y diputado miembro de la Comisión de Derechos Humanos, pero el 7 de setiembre compareció ante esa comisión en calidad de invitado. Dastugue había dejado de frecuentar las sesiones porque el tema que se está tratando lo involucra personalmente: si en los hogares Beraca -gestionados por la ONG Esalcu, el “brazo social” de la Iglesia- se violan o no los derechos humanos. Por ahora, la comisión constató la ausencia de respuestas del Estado para tratar a las personas que viven allí -gente con consumo abusivo de drogas, con historial de pobreza, abuso y explotación sexual, víctimas de violencia doméstica-, así como un vacío en la legislación del voluntariado -que debería regular las condiciones en que trabajan- y la recurrencia a derivaciones estatales sin ningún amparo legal.
Actualmente, Beraca sólo tiene dos convenios con el Estado, por dos Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF): uno en Bella Italia, Montevideo, y otro en Pan de Azúcar, Maldonado. Por otro lado, Esalcu tiene varios comedores en todo el territorio nacional, y convenios con “más de 14” intendencias que financian -en parte o totalmente- los alquileres de locales en los que funcionan hogares o comedores, que patrocinan eventos cuya recaudación va para Beraca, etcétera. Según contó Dastugue en la comisión, “la intendencia que más ha trabajado con Beraca es la de Maldonado”: están “uniendo fuerzas” desde 2008.
Además, explicó que tienen “alrededor de 200 derivaciones de jueces letrados, penales de primera instancia, de familia”. Esto implica que han alojado al menos a 200 personas que el Estado no pudo acoger y que no tenían a dónde ir. Para ejemplificar, leyó una resolución del 13 de junio de 2016 de la jueza Anabella Pérez, de Primera Instancia de Las Piedras, Canelones, que resolvió “como medida cautelar” prohibir a un agresor denunciado el “acercamiento [a la víctima] y control mediante tobillera electrónica”, y, a pedido de la Fiscalía, que se tramitara “su ingreso a un hogar Beraca para la atención y apoyo en su adicción al alcohol y a las sustancias”. Lo paradójico es que Beraca no brinda ningún tipo de tratamiento para la desintoxicación. Según dijo a la diaria el coordinador de los hogares, Mario Pirán, Beraca no es un “centro de rehabilitación”, sino “una institución que está para ayudar a la sociedad”. También dejó en claro que no tienen ningún tipo de “convenio” ni “protocolos” para llevar a cabo un tratamiento de drogas, por ejemplo. En agosto la diaria consultó al vocero del Poder Judicial (PJ), Raúl Oxandabarat, sobre la cantidad de derivaciones y el criterio de los jueces para hacerlas, y este contestó que “desconoce” el número de resoluciones porque “habría que preguntarle a cada juez del país”: la información no está sistematizada.
Además de las derivaciones del PJ, Beraca recibe a niños y adolescentes que deriva el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). El INAU “nos envía menores para que sean ayudados en los hogares Beraca, con firmas de los directores del instituto”, afirmó Dastugue. Pirán señaló que en el último año su organización y el INAU han mantenido “muchas reuniones” en busca de un acuerdo para “trabajar en conjunto” y elaborar un convenio. Alrededor de 70 niños viven en los hogares Beraca de forma irregular, aunque no ilegal.
También realiza derivaciones la Administración de Servicios de Salud del Estado. Dastugue aseguró que llegan “chicos con firmas de doctores, de psiquiatras, de psicólogos”. “Llegan a la urgencia del Hospital Maciel, del Hospital de Clínicas, los atienden los doctores, los tratan un rato y luego nos mandan un certificado que dice: ‘Reciban a este joven que ha venido al centro de urgencia del hospital tal’”. También contó que llegan “por medio de patrulleros del Ministerio del Interior”, y que “en varias oportunidades [...] llegan drogados, de remera y sandalias, o sin camiseta. Como su función es dejarlos en la puerta, se dan media vuelta y allí quedan los chicos en nuestros hogares, en situaciones lastimosas”.
El Hospital Vilardebó es otro organismo que manda gente a las puertas de Beraca. Al respecto, Dastugue señaló que “obviamente, todos llegan con una bolsa de medicamentos”, y que ellos, “según la receta”, siguen “dándoles las pastillas”. También reciben “chicos de hospitales privados, como la Asociación Española, de policlínicas municipales de Canelones y Montevideo y del resto del país, de médicos particulares”, y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “Hace dos semanas me llamó una funcionaria del hogar refugio de Pando, del Mides, y yo le exigí un papel certificado por la derivación de los chicos”, agregó.
En la sesión del 14 de setiembre, Bertha Sanseverino, presidenta de la comisión, concluyó que es “preocupante” lo que se constató: “que esos hogares no tienen convenios, pero desde algunos espacios del Estado tienen derivaciones”.
Voluntad divina
Una de las cuestiones a resolver es qué hacer legalmente con la gente que vive en Beraca: para ganarse el techo en el hogar hay que trabajar, pero el trabajo no es remunerado ni está amparado en ninguna ley o reglamentación. Sanseverino dijo que una de las posibles soluciones es “juntar” la ley que regula el voluntariado en los organismos estatales (Nº 17.885), aprobada en 2005, con un proyecto que quedó encajonado a fines de la legislatura pasada. La Mesa Nacional de Diálogo sobre Voluntariado y Compromiso Social había trabajado junto a algunos legisladores para regular el voluntariado en la sociedad civil. El proyecto de ley se elevó a Diputados y se votó; cuando pasó al Senado fue modificado y votado, pero cuando volvió a la cámara baja las modificaciones no fueron aceptadas. Ahora, los miembros de la comisión están de acuerdo en que es necesario reflotar el proyecto y hacerlo efectivo.
Por otra parte, Cecilia Eguiluz, diputada del Partido Colorado, consideró “muy importante” dejar en claro que Esalcu “no tiene denuncias penales; no está intervenida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por violaciones a los derechos laborales; no hay una regulación específica que esté incumpliendo en cuanto a voluntariado”. Gloria Rodríguez, diputada del Partido Nacional, señaló que “gran parte de las organizaciones civiles cumplen roles que no cumple el Estado. Esto hay que analizarlo con mucha tranquilidad. Deberíamos pensar por qué tenemos tantas organizaciones civiles, en un país tan pequeño y con tan pocos habitantes”.
En la sesión del 14 de setiembre, la comisión recibió a integrantes de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG), y entre ellos a su vicepresidente, Emilio Caputi, quien sostuvo que “hay una historia de trabajo voluntario en muchos espacios que hay que defender y separar, y nos preocupa que se entrevere con otras cosas, que son saludables -como los programas sociolaborales- pero tienen que ser del Estado”. El presidente de ANONG, Pedro del Prato, propuso crear modelos institucionales “en los que haya una referencia desde el Estado o el gobierno para el campo de las asociaciones civiles”,como el Instituto Nacional del Cooperativismo.