“Ahora podemos comer helados”. Ese fue el resumen que hizo un niño, de acuerdo con el relato del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, para dar cuenta de los beneficios de haber accedido a la luz eléctrica.
La semana pasada, diversos ministerios presentaron en la Torre Ejecutiva el Programa de Electrificación Rural, que busca “llevar la luz” al interior profundo del país, a aquellas 10.000 personas que aún no acceden a este beneficio.
La meta máxima del programa es alcanzar el 100% de la cobertura en electrificación rural; en otras palabras, incluir al 0,3% que aún no cuenta con energía eléctrica. Para esto, la OPP financiará 40% del costo total de la conexión, mientras que los vecinos se deberán hacer cargo del 60% restante.
En un primer paso, los vecinos deberán agruparse, armar los documentos necesarios y solicitar formalmente ser incluidos en el programa. Luego UTE relevará la zona, elaborará un anteproyecto y adjudicará a una empresa el presupuesto.
Posteriormente, la Comisión Interinstitucional de Electrificación Rural evaluará la solicitud y recomendará el porcentaje del subsidio -que será “de carácter general a la obra y no particular a cada beneficiario”- a la OPP. Para esto, priorizará los proyectos de grupos numerosos y contemplará especialmente -con posibilidad de asignar un subsidio mayor- a “familias en situación de vulnerabilidad”.
Después de contemplar las observaciones que puedan surgir al proyecto, UTE deberá aprobarlo para, luego, firmar el compromiso de pago y el contrato de obra con la empresa y con los vecinos.
A su vez, las líneas de electrificación construidas con este programa quedarán “gravadas” por cinco años con un monto de 25.000 dólares, como “monto punitivo” que deberá pagar una persona que desee conectarse a la línea sin haber participado dentro del grupo en su tendido.
La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, consideró al programa “un signo muy importante de sistematización en la implementación de una política pública”, que “sólo es posible gracias al trabajo de nuestra empresa de electricidad”.
“Debemos de ser, por lejos, el país que tiene el mayor porcentaje de electrificación por población de América y muchas partes del mundo. Sin embargo, detrás de las estadísticas están las personas, por eso ese 0,3% es bien importante”, afirmó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre.
Cosse también sostuvo que “más allá de que no haya un modelo de negocios, donde haya uruguayos tiene que haber energía, agua y telecomunicaciones”, y, en este sentido, dijo que “estamos cambiando las condiciones estructurales para que haya igualdad de oportunidades hacia arriba y para que puedan surgir nuevas posibilidades”.
La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, agregó que esta iniciativa “también ayudará a que las familias y los productores dejen de emigrar desde el interior profundo a la ciudad por no contar con servicios”.
García, por su parte, consideró que este es “un paso más de aquel primer convenio” firmado en setiembre de 2012, por el que la OPP invirtió 5,4 millones de dólares, que implicaron 772 conexiones para familias y la conexión para 12 escuelas rurales en todo el país, una reducción de la brecha de 1,8% al 0,3% actual. Según dijo, este nuevo acuerdo permitirá, se estima, cubrir la totalidad de la demanda insatisfecha -unas 2.100 conexiones, aproximadamente- mediante una inversión de la OPP de 20 millones de dólares.