El Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo, Ir y el Nuevo Espacio reiteraron este martes, en la coordinación de bancada de Diputados del Frente Amplio (FA), su posición favorable a conformar una comisión investigadora que analice los casos de espionaje de los militares en democracia que revela el denominado “archivo Castiglioni”, a partir de la información publicada por el semanario Brecha. El archivo fue ubicado tras un allanamiento en el domicilio particular del coronel retirado Elmar Castiglioni, poco después de su fallecimiento, y según informó el semanario, se trata de copias de documentos oficiales que ahora están en el juzgado.
El resto de los sectores del FA, en cambio, no se pronunciaron. Algunos manifestaron su duda sobre si había méritos para investigar, teniendo en cuenta que el tema está en la órbita de la Justicia, y Asamblea Uruguay pidió una semana de prórroga para definir su posición a la interna de su sector, solicitud que fue aceptada. El Partido Socialista tampoco definió aún cómo posicionarse en torno al asunto. “Nosotros acompañamos una investigadora. Muchos sectores pidieron tiempo porque no han discutido el tema internamente”, explicó a la diaria el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio).
El diputado comunista Gerardo Núñez declaró que su sector entiende que puede iniciarse una investigación parlamentaria en paralelo al proceso judicial, sin entorpecerlo, ya que la Justicia aborda un caso puntual en dictadura (el homicidio y desaparición de Fernando Miranda) y el Parlamento investigaría el espionaje que realizaron los militares en democracia. “Estaría bueno que establezcamos si hubo delito o no, y que se pueda enviar a la Justicia el caso y que se investigue”, señaló Núñez.
En cambio, el Movimiento de Participación Popular (MPP) ya resolvió rechazar la conformación de la investigadora. La diputada del sector Mercedes Santalla explicó a la diaria que el MPP considera que el caso “está en manos de la Justicia”. “La Justicia tiene que seguir avanzando y no queremos intervenir”, argumentó. “Por una nota de prensa no podemos salir tan apurados a decir algo sobre lo que no hay pruebas. Si nos vamos a guiar por lo que encontramos en la prensa... Y los documentos se encontraron en una casa particular”, agregó. Dijo que su sector ya adoptó una postura y no la va a “revocar”. Consideró que con la nueva normativa aprobada y la que resta aprobar en materia de inteligencia “ya tendríamos un panorama diferente” en dirección a evitar estas prácticas de espionaje.
La coordinación de bancada recibió el martes al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, quien reiteró lo que ya dijo públicamente a la prensa. El jerarca considera que el archivo Castiglioni “no tiene nada que ver” con su cartera, pese a que se trata de documentos producidos en democracia, en reparticiones oficiales, en muchos casos por militares en actividad y presuntamente con recursos del ministerio.
A mediados de setiembre, Menéndez declaró a la prensa que el caso estaba en la Justicia. “Nada tiene que ver el Ministerio de Defensa Nacional. Esta persona [en referencia a Castiglioni] era retirada, no actuaba orgánicamente. Hemos hecho cambios sustantivos desde el punto de vista de Inteligencia, en el año 2015, cuando cambiamos lo que era la anterior Dinacie [Dirección Nacional de Inteligencia del Estado] y la transformamos por ley en División de Inteligencia Estratégica, que es un organismo de asesoramiento ministerial. Elabora en base a solicitudes determinado tipo de proyecciones y proyectos que tienen que ver con el desarrollo nacional”, señaló el ministro. Menéndez sostuvo que en ese marco se ordenó “a las distintas fuerzas” que transmitieran “toda la información que pueda haber desde el punto de vista de inteligencia, la existencia o no de archivos”. “También dispusimos que las actuaciones que se realicen en relación a inteligencia deben estar en el marco de la Constitución y de las leyes. Hace tiempo, no sólo en este gobierno, también en los anteriores, que Defensa no realiza inteligencia con personas u organismos”, aseguró el jerarca.
El viernes, el semanario Brecha anunció que consiguió el archivo y publicó la primera de una serie de notas sobre su contenido. La nota da cuenta de la forma de operar del espionaje militar y del carácter de los documentos. El archivo consiste en fotocopias de originales producidos en reparticiones de la inteligencia militar que refieren a seguimientos de personas, captación de informantes e infiltración de agentes en partidos políticos, sindicatos y empresas del Estado. Hay registro de estas actividades por lo menos hasta el año 2000. Cada espía con que contaban los militares se relacionaba directamente con un militar, al que se identificaba con un seudónimo. Se detalla cada reunión mantenida por agentes y militares. Los agentes recibían un pago a cambio de resultados.
Según informa el semanario, el Partido Comunista era uno de los principales objetivos de la inteligencia militar, al igual que el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el MPP y el PIT-CNT. El Partido Nacional sufrió espionaje particularmente en 1987, tras la aprobación de la ley de caducidad, porque los militares querían saber qué posición adoptaría ese partido ante un eventual referéndum para derogar la norma.