El presidente Tabaré Vázquez ya tiene un encuentro fijado con su par de Brasil, Michel Temer, que se concretará durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizará en Nueva York a partir del 13 de setiembre. Así lo aseguró el canciller de Brasil, José Serra, a un grupo de periodistas de su país que lo entrevistaron en China el viernes. Además, Serra diferenció la actitud de Uruguay de la de Venezuela, Bolivia y Ecuador, países de los que dijo que se dieron “un tiro en el pie”. “Tengo la certeza de que nuestras relaciones con Uruguay irán de la mejor forma”, sostuvo Serra. Agregó que la reunión presidencial será una oportunidad para “conversar, aclarar”. “Uruguay es un país con tradición democrática importante, y queremos analizar las cuestiones con ellos en un nivel elevado de mutuo entendimiento”, manifestó.
A diferencia de lo expresado por el gobierno uruguayo sobre lo acontecido en Brasil, por medio de un comunicado de la cancillería -que evitó hablar de “golpe de Estado”, aunque sí puntualizó que lo sucedido con la presidenta destituida, Dilma Rousseff, fue una “profunda injusticia”-, el Frente Amplio (FA) consideró que se trató de un “golpe de Estado parlamentario” y que el que asumió es un gobierno “ilegítimo”. En una declaración emitida por su Mesa Política el viernes, el FA expresó su “profundo rechazo” a la actuación de la mayoría de los parlamentarios de Brasil. “El mecanismo de juicio político en un régimen presidencialista requiere no sólo cumplir con aspectos formales, sino fundamentalmente con aspectos sustanciales como es el sostener una acusación por delito o crimen de responsabilidad. Ninguno de los elementos sustanciales que den sostenibilidad al juicio político han quedado probados en la oportunidad. No se ha probado delito alguno que afecte la honestidad de la presidenta Dilma Rousseff y, como sostienen prestigiosos juristas brasileros, no se ha incurrido en crimen de responsabilidad”, sostuvo la Mesa Política del FA en su declaración. Consideró, en cambio, que desde que asumió la presidencia, Rousseff debió enfrentar “una campaña” en su contra llevada adelante por “las fuerzas conservadoras expresadas en su sistema político [el de Brasil], en el sector empresarial, en los medios de comunicación y en la institucionalidad”. Esta campaña persiguió, a juicio del FA, “tomar medidas en contra de un programa votado por la ciudadanía en 2014 que permitió sacar de la pobreza a millones de brasileros y atender las necesidades de los más postergados”. El FA alertó que el objetivo final de estos sectores es “eliminarle el registro electoral al Partido de los Trabajadores y afectar la figura del ex presidente Lula da Silva para impedir su presentación electoral en 2018”. Por otra parte, la coalición de izquierda aclaró que apoya la postura del gobierno uruguayo, expresada en el comunicado de la cancillería.