El 23 de setiembre la Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual presentará un anteproyecto de ley integral y dará definiciones específicas de la trata y explotación sexual y laboral, incluyendo el matrimonio forzado y las relaciones sexuales forzadas, explicó Mariella Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
El anteproyecto establece los derechos de la víctima y un sistema de atención integral, la actuación interinstitucional y cómo debe ser, qué sucede cuando la víctima forma parte de delitos conexos, dijo a la diaria Mazzotti, quien habló ayer en la mesa “Perspectivas y propuestas jurídicas, educativas y sociales en favor de la prevención del delito de trata de personas”, en el marco del seminario “Acción y cooperación internacional contra la trata de personas: desafíos, perspectivas y propuestas”. Participaron también la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau), Marisa Lindner; el consejero de Educación Secundaria Javier Landoni; el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y la representante en Latinoamérica de la Coalición por la Abolición de la Prostitución, Marta Torres.
Lindner dijo que las políticas públicas para erradicar la trata deben considerar tres aspectos: la trata interna, la demanda y las vulnerabilidades socioeconómicas y culturales. De la trata interna dijo que “se habla poco” y que hay que repensar “las propias conceptualizaciones y definiciones” y “romper estereotipos”. Explicó que cuando una mujer llega a una situación de trata es porque ha “recorrido un largo camino de vulneración de derechos […] un largo proceso de explotación y abuso”. Agregó que no puede haber dudas respecto a la situación de estas niñas y adolescentes y admitió que hasta en el Inau se habló de “consentimiento”. Son prejuicios que “siguen muy arraigados en la sociedad” y recaen “sobre las mujeres adolescentes”, sostuvo. Mazzotti también insistió en la necesidad de cambiar la concepción cultural del problema: “Debe poder tratarse en la educación, pero también en el barrio, en las redes sociales naturales, para reconocer los factores de riesgo”.
Por otro lado, Díaz aseguró que también hay que cambiar el “chip cultural” del legislador y operador judicial uruguayo: “Hay una alteración en la dosimetría de los bienes jurídicos absolutamente asombrosa […] Muchas veces no tenemos ningún empacho en colocar penas elevadísimas para proteger la propiedad, un bien jurídico que tiene una protección superlativa en comparación con otros bienes: tenemos la pena mínima para el homicidio doloso de 20 meses de prisión; sin embargo, una rapiña tiene una mínima de cuatro años, y si hay más de dos individuos, algún arma en juego, ya el mínimo se eleva un tercio: cinco años y cuatro meses”. Díaz espera que “este Parlamento le ponga fin de una vez por todas [a esta situación], aprobando un Código Penal que tenga una dosimetría adecuada, que proteja los bienes en cuanto a la importancia que tienen”.
Sobre la demanda, Lindner dijo que es fundamental “una política pública destinada a erradicar la situación […]; romper el círculo cruel”, por ejemplo, mediante campañas de sensibilización. Al respecto, Díaz dijo que hay que “analizar seriamente qué vamos a hacer” y que los legisladores “deben discutir” el tema “a calzón quitado”. Torres aseguró que “las verdaderas políticas son las que enfrentan la demanda”: allí está “la gran diferencia para luchar contra la explotación sexual”.
En cuanto a las vulnerabilidades socioeconómicas y culturales, Lindner dijo que un aspecto “central para evitar las situaciones de expotación “tiene que ver con trabajar en la prevención de los niveles asociados al maltrato, abuso y pobreza en sus múltiples expresiones”.
Datos
Lindner señaló que la trata y explotación de niñas y adolescentes ha aumentado significativamente, y que hoy el Inau está siguiendo 284 casos en todo el país; pero hay un “subregistro” del total de casos. En ese sentido, agregó que en 2004 se suponía que 10% de las personas tratadas y explotadas en el mundo eran niños, niñas y adolescentes, y que en 2011 ese estimativo aumentó a 21%, una “cifra impactante, que sin lugar a dudas interpela a las sociedades”, dijo.
Díaz, por su parte, aseguró que a nivel judicial “ni de cerca llegamos a la cifras” recién mencionadas; “la deficiencia y el desfasaje son enormes”, apuntó.
Por otro lado, consultada por la diaria, Mazzotti dijo que desde enero al 30 de junio de este año, Inmujeres intervino en 143 casos que involucraban a mujeres de entre 18 y 35 años: 21 casos de trata laboral y 122 de explotación sexual. En 2015 tuvieron contacto con 155 casos en el país; en 2011 -cuando se inauguró el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual, que cogestiona la organización civil El Paso- intervinieron, en todo el año, en cinco casos. Mazzotti señaló que actualmente la mayoría de los casos llegan por derivaciones de otros organismos, y que hay “un número importante” de casos de trata y explotación de mujeres extranjeras. Además, recordó que los departamentos del litoral, donde hay “mucha movida de extranjeros, dinero, comercio, turismo”, tránsito de camiones, y donde hay “grandes obras” en construcción, son lugares “muy vulnerables”, pero que el problema se extiende en todo el país. Precisamente en atención a esa circunstancia, anunció que el Ministerio de Desarrollo Social trabajará junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en acciones preventivas ante la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM.