La jueza penal de 11º Turno, Ana de Salterain, no hizo lugar a la solicitud de prórroga de desalojo del barrio La Quinta que presentó la Junta Departamental de Montevideo (JDM). Además, según pudo saber la diaria, ayer a última hora la magistrada no aceptó tampoco que los dueños del predio concedieran un par de semanas más de permanencia a los vecinos para que desalojen por su cuenta el lugar. Este barrio está ubicado en un predio contiguo a la fábrica de vidrio Vicry SA, al que se accede por la calle Pantaleón Pérez, en el límite entre los barrios Maroñas e Ituzaingó. Hace un año y medio, cuando el terreno era un baldío sólo utilizado por la fábrica para tirar desechos de vidrio, vecinos de distintas zonas aledañas con problemas de vivienda decidieron organizarse y realizar una ocupación. Lo dividieron en parcelas todas iguales, de 14 por 12 metros, y la mayoría de las familias comenzó a construir viviendas precarias y a instalarse. Pero, además, crearon una comisión vecinal con la idea de negociar un acuerdo para la compra de los predios, regularizar la situación ante organismo públicos, adquirir una bloquera y construir un salón comunal. Sin embargo, tanto la Intendencia de Montevideo (IM), propietaria de un predio vecino que también había sido ocupado por otro grupo de personas, como los dueños del terreno de La Quinta, que son también los de Vicry (dos familiares, uno de ellos el actual presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Corallo), solicitaron el desalojo por la vía judicial.
En la resolución firmada el lunes por De Salterain, la magistrada deja claro que, además de solicitar el desalojo, “el expediente fue procurado por la Comuna en aras de la inmediata desocupación de los predios”, con el argumento, entre otros, de que eran espacios inundables. La jueza dispuso el desalojo de ambos predios (el público, conocido como Parque Guaraní, fue desalojado en agosto), pero “por omisión policial (seguramente por error), únicamente se desocupó el espacio público”, dice el dictamen. La magistrada explica que recién se dio cuenta de que “no se había dado cabal cumplimiento” a su disposición cuando comparecieron ante la sede judicial los propietarios del predio, y fustiga a la IM: “Ahora, cuando ya el predio público cuya desocupación la Intendencia obtuvo sin ningún miramiento de los valores de vida, ni salud de los ocupantes del mismo, pretende que el predio privado no sea desalojado, solicitando prórrogas e incluso exigiendo a los ocupantes que se constituyan como cooperativa y una serie de cuestiones formales administrativas. Conducta que colide groseramente con los derechos a la dignidad humana y a la vida a que aluden en su libelo para impedir el desalojo del predio privado”. De Salterain agrega finalmente que la IM pretende ahora “sin legitimación alguna” que no se proceda al desalojo del predio privado, “argumentando valores y derechos” que no “tuvieron en cuenta cuando denunciaron la ocupación y lograron la desocupación” del predio público.
En realidad, quien solicitó la postergación del desalojo fue la JDM, adjuntando documentación de que la IM se comprometía a otorgar una serie de predios para el realojo de los ocupantes y de que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente les otorgaría un paquete de materiales destinado a la autoconstrucción de viviendas. También hubo una solicitud de prórroga por parte de la representante legal de los vecinos de La Quinta y de la presidenta de la Comisión de Asentamientos de la JDM, la edila Graciela Villar.
Villar dijo a la diaria que ante esta respuesta “contundente y negativa” de la magistrada, ayer fue al predio junto con la coordinadora del Programa de Mejoramiento de Barrios, Cecilia Cairo, para hablar con los vecinos y “empezar a hacer el proceso de ordenar las cosas para ir abandonado el predio”. “La idea es que sea un proceso ordenado y prolijo. Ellos van a abandonar el predio, pero en las mejores condiciones”, agregó. Según la edila, la IM consiguió un predio “para cubrir la situación de emergencia”, pero después “hay que hacer el censo de las familias, ver quiénes no tienen opciones de alquilar”, y que podrían ser beneficiados por el Plan Lotes de la comuna.
Villar lamentó haber llegado a esta situación y dijo que querían “una salida negociada, acordada, que ellos pudieran hacer sus propias viviendas, organizarse como estaban. Es gente que tiene un alto nivel de organización y que ha acompañado este proceso muy seriamente. Pero este era uno de los escenarios posibles”, concluyó.
Por su parte, Yandira Aquino, una de las vecinas de La Quinta, informó que hoy van a ir a ver el terreno donde serían alojados por la IM, y que la representante legal del barrio volvió a presentar ayer un pedido de prórroga de cinco días.