A dos décadas de la aprobación del primer cultivo genéticamente modificado en Uruguay, Pablo Galeano, de Redes - Amigos de la Tierra, aseguró que los rasgos de los cultivos transgénicos siguen siendo los mismos, que todos los beneficios que se prometían “quedaron por el camino”, y que en Uruguay no se aplica el “principio de precaución”: “¿Hay necesidad de asumir el riesgo de usar una tecnología sobre la cual hay incertidumbre en cuanto a sus efectos?”, preguntó. “En Uruguay ante la duda se continúa”, afirmó.
Redes - Amigos de la Tierra organizó un seminario internacional -que empezó ayer y finalizará hoy en el instituto Kolping- junto a la Oficina del Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, con el objetivo de “incorporar información nacional y regional, generar un balance crítico de esta tecnología y conocer cuáles han sido los reales impactos de los transgénicos en la economía, el ambiente, la salud y la soberanía alimentaria del país”. A su vez, el seminario buscará aportar elementos para generar un Plan Nacional de Agroecología, así como “la conceptualización del Derecho a la Alimentación y sus amenazas”.
Consultado por la diaria, Galeano advirtió que además de que los transgénicos conservan las mismas características que hace 20 años -tolerancia a herbicidas, producir toxinas plaguicidas-, el propósito para el que se diseñaron (portar más beneficios nutricionales y ambientales, producir más sin afectar el medioambiente y duplicar la cantidad de alimentos no se ha logrado), y en cambio, han producido diversos daños: erosión del suelo, cambio en la dinámica hídrica, enfermedades. En ese sentido, reflexionó sobre el hecho de que cuando se apuesta a una “propuesta tecnológica” y hay un daño, generalmente se dice que es producto de “malas prácticas”, pero no se cuestiona el hecho de que los daños pueden ser problemas inherentes a esa tecnología. “Habría un consenso que dice que comer transgénicos no te hace nada, pero en realidad hay estudios en roedores que demuestran que sí, que hay diferencias, por ejemplo en el proceso de envejecimiento celular, que es más acelerado”, aseguró. Galeano recordó que el año pasado la Organización Mundial de la Salud reconoció que “probablemente el glifosato es cancerígeno”.
Por otro lado, afirmó que la información disponible no es suficiente ni está sistematizada; en ese sentido señaló que, por ejemplo, no se conoce cómo cambia la frecuencia de ciertas afecciones crónicas en las personas vinculado a los cambios del modelo productivo. A eso le sumó el hecho de que los mecanismos de consulta pública son “una tomada de pelo” porque son “súper deficitarios”, explicó que las consultas se deben hacer mediante una página web y que aunque se “notifica que recibieron el mensaje, no [revelan] el comentario que despertó”.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene responsabilidades en cuanto a las “buenas prácticas” agrícolas, y la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sobre los recursos hídricos, pero “cuando la gente se siente afectada no tiene muy claro a qué organismo tiene que recurrir; supuestamente, a las direcciones departamentales de Salud, pero en muchos casos se le revierte la carga de la prueba”, sostuvo.
Datos
Hace 20 años, en todo el país las plantaciones no superaban las 10.000 hectáreas; hoy se plantan 17 millones de hectáreas. El cultivo está concentrado en el litoral del río Uruguay, de la mitad de Salto hacia abajo. Galeano explicó que desde hace unos años el precio internacional de la soja ayudó mucho, la demanda china creció y eso provocó que, además de que la soja se convirtiera en el principal rubro de exportación del país, las importaciones de glifosato se multiplicaran por diez.