El censo fue realizado por las divisiones de Derechos Humanos y de Evaluación del Mides. Se desarrolló desde mayo a agosto, aunque todavía siguen haciendo algunas entrevistas y procesando datos que aún no fueron sistematizados. Joana Techera y Carolina Ortiz de Taranco, integrantes de las direcciones nacionales de Promoción Sociocultural, y de Evaluación y Monitoreo del Mides, respectivamente, dieron los detalles del relevamiento. Para contactar a las personas, el Mides partió del listado de personas trans beneficiarias de la Tarjeta Uruguay Social y agregó información de bases de datos de identidad de género del ministerio; a esas personas se les pidió que refirieran los datos de otras, y a eso se le sumó la información aportada por oficinas territoriales del Mides, organizaciones de la sociedad civil y datos recogidos en lugares de esparcimiento, de trabajo sexual y redes sociales. Con todo eso, identificaron a 1.130 personas, de las que 142 no eran trans, 34 resultaron inubicables (están tratando de contactarlas), 34 habían fallecido, 27 no quisieron responder y 23 se habían mudado al exterior.
Perfiles
El estudio identificó que la población trans es mayoritariamente femenina: 90% son mujeres trans (es decir que se identifican como mujeres aunque hayan nacido como varones). Está concentrada en departamentos fronterizos y costeros: en Montevideo (38,2%), Canelones (8,3%), Artigas (5,6%), Cerro Largo (5,5%), Salto (5,5%), Maldonado (4,2%) y Paysandú (3,8%). La edad promedio es de 37 años; 34,7% tiene entre 18 y 29 años, 11,7% es menor de 18 años y 17,6% supera los 51 años. En cuanto al cambio de nombre y sexo registral sólo 18,5% lo realizó, 17,5% inició el trámite y la amplia mayoría (60%) no lo ha hecho.
“La edad promedio de abandono del hogar es a los 18 años siendo el motivo principal la búsqueda de independencia asociada con problemas familiares que se desencadenan respecto al proceso y desarrollo del cambio de identidad de género”, expresa el informe, consignando que esa realidad fue vivida por una de cada cuatro personas trans. Muchas (58%) declararon haber sido discriminadas por algún miembro de su familia: madre (41%), padre (50%), hermanos (56%) u otro familiar (27%).
El informe releva el derecho al trabajo, a la educación y a la salud de las personas trans, y explicita que esos derechos están interrelacionados porque “la vulneración de uno lleva a la imposibilidad de concretar otros”. El documento consigna que la temprana desvinculación familiar lleva a la pronta desvinculación educativa, y que el trabajo sexual callejero aparece “como una alternativa segura”, exponiendo a la persona a condiciones de trabajo insalubre marcado por la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas y las enfermedades de transmisión sexual.
Dos de cada tres personas censadas declaró tener trabajo. “La situación laboral de las personas trans es precaria dado que son objeto de discriminación durante su trayectoria de vida”, detalla el informe, que muestra que 19% dijo haber sido discriminada en el trabajo por el empleador y 64% por un supervisor o un compañero. Esa discriminación las aleja “de cualquier posibilidad de empleo remunerado”, y el comercio sexual aparece como la primera opción laboral. La gran mayoría (67%) realizó trabajo sexual en algún momento de su vida. La edad promedio de inicio del trabajo sexual se sitúa en los 18 años; Ortiz de Taranco subrayó que muchas personas se iniciaron siendo menores de edad, lo que calificó como un “dato alarmante”.
En cuanto al derecho a la educación, 60% de las personas censadas no completó la enseñanza media básica (tercero de liceo o UTU). La edad promedio de deserción se sitúa en los 14 años. Tres de cada cuatro personas (75%) dijeron haber sido discriminadas por sus compañeros en la escuela y 72% en el liceo. El censo identificó “un nivel alto de discriminación proveniente de los/as profesores/as”: 19% en educación primaria y 20% en educación media. El estudio consigna conductas de autoaislamiento como consecuencia de las situaciones de violencia, y menciona que “en muchos relatos aparece la idea del suicidio, la necesidad de aislarse por largos períodos, asumir conductas de riesgo como el uso de sustancias psicoactivas”, además de abandonar los estudios.
Respecto del derecho a la salud, 95% declaró atenderse en un centro de salud. Casi 22% dijo tomar hormonas (49% por prescripción médica y 11% “por recomendación de una amiga”). Inyectarse silicona industrial para prótesis mamarias, glúteos y rostro es una práctica muy riesgosa; sin embargo, 17% dijo haberla empleado y 5,2% admitió haberse inyectado aceite de motor industrial. 38% dijo que le gustaría realizarse una operación de reasignación de sexo (apenas 1% tiene hecha la operación), aunque se señala que el Estado no está satisfaciendo esa posibilidad y que tampoco genera “mecanismos de información sobre las contraindicaciones de la hormonización sin prescripción médica”. “La atención en salud, si bien ha mejorado en el transcurso de los últimos años, aún está lejos de garantizar la salud plena así como las transformaciones necesarias para la población trans”, se consigna. Las técnicas explicitaron que iniciativas como la Unidad Docente Asistencial de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Saint Bois, que realiza tratamientos de hormonización, deberían replicarse en otros puntos del país.
El documento concluye que el hecho de que 46% de las personas trans tenga menos de 29 años “marca un escenario de posibles cambios y obliga a tomar medidas para generar una nueva realidad en la próxima década”. Señala que es fundamental trabajar con las familias la no discriminación, “para que sean el principal sostén de las personas trans”, y también con los centros educativos. El informe pide al propio Estado “agregar en todo registro administrativo la variable identidad de género”, o nombre de uso, porque su no existencia “constituye un mecanismo de violencia”.
Posibles acciones
Diego Sempol, docente del Instituto de Ciencia Política de la Udelar, calificó de “buena noticia” que se trate de un grupo reducido: “No sale tanto dinero trasformar la vida de tan pocas personas”, dijo. En diálogo con la prensa, estimó que pueden desarrollarse “políticas públicas de multiimpacto que rápidamente mejoren las condiciones de vida”, por ejemplo, becas para permitir la continuidad de estudios, hogares para jóvenes que son expulsadas del ámbito familiar y, por medio de cupos en diferentes servicios, buscar alternativas al comercio sexual.
Evaluó positivamente la cantidad de personas mayores de 51 años: “Pensamos que iba a ser mucho menos, que la situación de vulnerabilidad era mucho más crítica, que el promedio de vida bajaba significativamente”. De todos modos, matizó diciendo que “falta pulir el dato, ver el promedio de vida de la población trans en Uruguay”. Sempol se sorprendió al ver la “homogeneidad” de la discriminación en el sistema educativo -las investigaciones cualitativas que había hecho previamente la Udelar mostraban que era menor a nivel escolar- y se lamentó porque “ese masacrar individuos opera durante toda la infancia y durante toda la adolescencia”. Dijo que el censo confirma “los altísimos niveles de discriminación en el ámbito laboral, educativo, familiar. Se confirma claramente algo que nosotros sospechábamos: la familia como gran predictor de las trayectorias o estas biografías en la población trans: según niveles de negociación en el ámbito familiar se puede decir con cierta claridad cuál va a ser la trayectoria de esa persona”. Sempol valoró que este es el primer censo de personas trans a nivel mundial, y que permitirá tener información confiable para tomar decisiones.
Federico Graña, director de Promoción Sociocultural del Mides, anunció que el Consejo Nacional de Diversidad Sexual está trabajando para presentar en noviembre un proyecto de ley integral para personas trans. Reseñó que la ley tendrá cuatro pilares: pensión reparatoria para las mayores de 50 años; cuota de 2% en todos los llamados públicos, al igual que tienen las personas afrodescendientes; que la prestación de la hormonización no sea sólo para ASSE sino para todos los prestadores de salud, y revisar la Ley de Identidad de Género, puesto que sólo 36% la está utilizando, lo cual habla de barreras de acceso. Marina Arismendi, titular del Mides, se comprometió a “pelear” por la aprobación de esta ley.
Representantes de organizaciones trans reclamaron también por más oportunidades laborales. Recordaron la necesidad de acceder a una vivienda, la imposibilidad real de tener garantías de alquiler, lo que las expulsa a la calle, a pensiones o refugios, que tienen horarios restringidos incompatibles con el trabajo sexual (la dimensión de la vivienda fue relevada en el censo, pero los datos no están disponibles). También pidieron becas para personas trans del interior del país que quieran ir a estudiar en Montevideo.
Alejandra Colette Spinetti, mujer trans y docente, reclamó que hizo el cambio registral y todos los actos administrativos que debía hacer y que, sin embargo, el Consejo de Educación Secundaria continuaba llamándola por el nombre masculino, y señaló el caso como uno de violencia institucional. De la misma forma rechazó las disposiciones de directores que prohíben a los docentes que cuando descubren que un niño es trans, lo hablen con la familia.