El proyecto de ley que suprime el beneficio de la libertad anticipada para los reincidentes en delitos graves y dispone penas sustitutivas a la privación de libertad, acordado en las reuniones multipartidarias sobre seguridad, está en suspenso. En la reunión del 31 de agosto de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, los legisladores del Frente Amplio (FA) pidieron el desglose del artículo 1º del proyecto, que establece que “el beneficio de libertad provisional, condicional y anticipada no será de aplicación” en caso de reincidencia en delitos graves.
El Partido Nacional (PN) se opuso en la comisión a votar un capítulo del proyecto, que regula la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva; el FA entiende que el PN está incumpliendo el acuerdo multipartidario, y espera instrucciones del Poder Ejecutivo. “No lo votamos en comisión, estamos esperando respuesta del Ejecutivo”, dijo a la diaria la diputada frenteamplista Cecilia Bottino.
La versión del PN es otra. El representante nacionalista Pablo Abdala dijo a la diaria que en las reuniones en la Torre Ejecutiva su partido dejó en claro que no votaría ese capítulo del proyecto, y que ya no lo votó cuando se aprobó la iniciativa en el Senado. “Es verdad que no acompañamos el capítulo referido a la libertad vigilada [...], pero eso es parte de lo que se acordó con el presidente. Eso no condiciona el resto del proyecto. Lo que pasa es que el FA tiene problemas para votar el artículo 1º”, manifestó. “Nosotros actuamos con absoluta coherencia, por algo en el Senado no hubo dificultades”, insistió.
El prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, dijo a la diaria que hay un acuerdo multipartidario y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene la “legítima expectativa” de que el proyecto sea votado por los parlamentarios. Roballo señaló que el PN “respetó el acuerdo en el Senado”, al igual que los otros partidos. Apuntó que, si bien “el Parlamento tiene la prerrogativa de darles el tratamiento que estime pertinente”, y más allá de que se introduzcan “modificaciones menores”, los acuerdos “se respetan”. Acotó que el Ejecutivo esperará a ver “si las modificaciones son de una entidad tal, o no, como para poder concluir que el acuerdo se respeta o no”.