Para que los legisladores no ignoren qué pasa con los 10.416 reclusos que hoy están en las 29 unidades de internación de personas privadas de libertad es que existe la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General, que ayer recibió al comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, al director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Crisoldo Caraballo, al director general de la Secretaría del Ministerio del Interior (MI), Charles Carrera, y al ministro de esa cartera, Eduardo Bonomi. Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional y miembro de la comisión, dijo que “quedó confirmada una situación de emergencia” en los módulos 8, 10 y 11 del Comcar -donde hay 3.500 reclusos- y en el Penal de Libertad -1.200-, a lo que se suma, según Petit, la cárcel de Canelones -1.400- y Las Rosas, en Maldonado. En la comisión, Bonomi señaló que en 2010 había 6.557 plazas penitenciarias y 8.700 reclusos, mientras que hoy se cuenta con 9.546 para 10.416. “El hacinamiento de todo el sistema representa 109%; en 2005 [cuando había 6.211 reclusos] era de 136%”, agregó.
Aunque Abdala reconoció que las condiciones de reclusión han mejorado y no cuestionó la política carcelaria, consideró que Bonomi respondió quitándole “dramatismo” y “minimizando” la situación. “Lo que se reclama al ministro es que donde está el foco de violencia, que está identificado y representa a la quinta parte de los [10.400] presos, se tomen medidas y se intervenga”. Abdala ejemplificó la situación: “De los casi 2.000 presos [recluidos en los módulos 8, 10 y 11] sólo una decena tiene actividades”.
Bonomi reconoció que la situación es “compleja”. Dijo que se está trabajando en la clasificación de los reclusos y que la división que se hizo en el Comcar -se separó en cuatro administraciones de alta seguridad, media, especial y de trabajo- permitirá desarrollar “los programas” de “tratamiento” de mejor forma. Consultado por la diaria, Caraballo dijo que no se habló de presupuesto, sí de que pronto se efectivizará la entrada de aproximadamente 100 operadores penitenciarios y más policías. Carrera acotó que “los recursos” están, pero no estaban siendo bien gestionados. El viernes, el subdirector técnico del INR, Gustavo Belarra, presentó su renuncia, a pedido de Carrera, y el lunes se conocerá al nuevo director o directora.
Petit considera que las medidas que está tomando el MI están “bien orientadas” pero se requiere un “plan de mayor magnitud y velocidad” para generar cambios ante una situación “acumulada por décadas”.