UTE presentó ante la Justicia documentación para que en el concurso de acreedores de Fripur se considere a los titulares de esta empresa y a los de Kentilux SA un grupo económico. Kentilux es la propietaria de un parque eólico en San José que le vende energía a UTE, y sus titulares son integrantes de la familia Fernández, los mismos que llevaron a Fripur a la quiebra. El proyecto de producción de energía renovable supuso una inversión de 20 millones de dólares, financiada en 30% con fondos propios y 70% por el Banco República (BROU). Fripur cerró en agosto de 2015, poco tiempo después de presentarse a concurso. La planta de procesamiento de pescado fue ocupada por los trabajadores. El sindicato aseguró que la empresa fue “vaciada” y que parte del dinero que le prestó el BROU se utilizó para invertir en el parque eólico de San José.
El presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, declaró a la Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia que la deuda que mantiene Fripur con UTE es del orden de 25 a 27 millones de pesos, “según como se ajuste”, y que lo que se hizo fue presentar ante la Justicia “el contrato con Kentilux, ya que tenemos la presunción, la convicción de que son el mismo grupo económico”. “Tenemos elementos asociados justamente a nuestra relación comercial con Kentilux desde hace unos años. Participamos en todas las negociaciones con personas que se han vinculado a Fripur. Esa es la documentación que uno tiene y, en definitiva, la que vamos aportar a la Justicia para ver si prospera nuestro planteo”, indicó.
Para el presidente del ente, “lo que se visualiza es que así como Uruguay ha sido puesto en el ojo internacional por la transparencia y el tema de la doble tributación y el sistema de llevar los números de las diferentes actividades comerciales de la forma más transparente, todo eso también está migrando a lo interno de la jurisprudencia nacional”. “El concepto de grupo económico está avanzando, y uno busca el equivalente de poner en igualdad de condiciones a las empresas públicas que tienen actividad comercial con el resto de las empresas privadas, que a su vez también tienen relaciones con las empresas públicas. Si uno analiza, siempre que hay un problema con las empresas públicas y corresponde, es el Estado como grupo económico el que se hace cargo”, manifestó Casaravilla. Según el jerarca, en el medio privado el concepto también, “de a poco, va ganando terreno y hace que el sistema sea mucho más justo para todas las empresas que participan” en la economía.