El viernes 7 de noviembre de 2014 el salón Azul de la Intendencia de Montevideo estaba lleno, no entraba una persona más. Adentro hablaba el entonces candidato a la presidencia Tabaré Vázquez, y faltaban apenas tres semanas para el balotaje, en el que luego ganaría. Ese día, el tema de la conferencia de Uruguay X+ eran las políticas culturales; en determinado momento, le preguntaron que pasaría con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) durante su gestión. Vázquez respondió que la LSCA era “impostergable”: “Será responsabilidad del próximo gobierno su reglamentación, implementación y cumplimiento”, enfatizó, en medio de aplausos.
Poco menos de dos años después de aquellas declaraciones públicas, Vázquez empezó a enviar las primeras señales políticas para cumplir con esa promesa y agilitar la implementación de la LSCA. El presidente considera que los seis fallos respecto de la constitucionalidad de la norma que lleva emitidos hasta el momento la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sobre un total de 28 demandas que se presentaron, estarían marcando una clara jurisprudencia favorable a la normativa y, por lo tanto, habría llegado la hora de dar pasos concretos para no dilatar más la implementación y futura reglamentación de la ley, informaron a la diaria fuentes del oficialismo. Agregaron que este lineamiento político de Presidencia de la República comenzará a visualizarse con mayor nitidez en las próximas semanas.
El cambio no es menor y modifica significativamente el cronograma, hasta ahora atado a la decisión política de esperar que la SCJ terminara con todos los pronunciamientos. A finales de agosto, la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) criticó a la titular del ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Carolina Cosse, por defender esa posición. “No es necesario esperar hasta la última sentencia de la SCJ para comenzar a implementar una norma fundamental para democratizar las comunicaciones en Uruguay. La afirmación del MIEM se da en momentos en que desde la Corte se afirma que recién en diciembre estarían prontas las decisiones sobre los recursos ya presentados, y voceros empresariales han hecho saber que podrían presentarse nuevos recursos de inconstitucionalidad”, planteó la CCD en un comunicado.
Algunos artículos de la LSCA establecen cambios que podrían llegar a agilitarse a partir de la posición de Vázquez. Por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo tiene pendiente la designación de un relator especial de los Servicios de Comunicación -según lo establecido en el artículo 86 de la LSCA-, mientras que el Ministerio de Educación y Cultura deberá procesar todo el capítulo referido a la creación de la comisión asesora del Sistema Público de Radio y Televisión. En ambos casos, según pudo saber la diaria, ya comenzaron a discutir cómo pararse frente a este nuevo escenario, pautado por las señales presidenciales.