La figura fue creada a fines de 2014 y es aplicada desde 2015 para promover el acceso de las mujeres a la tierra y a otros derechos sobre los cuales históricamente han tenido trabas por razones de género.
El problema
Diferentes investigaciones, tanto académicas como periodísticas, confirman que en el medio rural no sólo hay más hombres que mujeres -mientras que las mujeres son 51,9% de la población total del país, en el medio rural son 43,7%-, sino que además los problemas cuya una raíz es el género suelen estar más consolidados y menos visibilizados. Allí “se refuerzan, por varias razones”, los valores patriarcales, la subordinación femenina y los patrones morales asumidos como conservadores en los medios urbanos, dijo en 2013 a la diaria la doctora en sociología Rossana Vitelli, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República, en el marco de una investigación sobre la desprotección de las mujeres en el medio rural que fue publicada ese año. Una de las dimensiones abordadas por dicha investigación fue la relacionada, precisamente, con las dificultades de las mujeres productoras para acceder a la propiedad de la tierra y a la administración de los diferentes patrimonios de las unidades productivas. El documento “Derechos de las mujeres rurales” (FAO-Inmujeres), redactado por Diana González y Alicia Deus Vana y citado por la investigación, resume ese último aspecto en un párrafo: “La cría de semovientes (vacas, ovejas) o el cultivo de la tierra para la subsistencia familiar son tareas en las que participa toda la familia, principalmente las mujeres. Sin embargo, la adquisición de los animales, de las semillas y granos y demás está culturalmente a cargo de los varones, que son los que efectúan las compras y transacciones. En la práctica, esto conduce a que los varones administren el producto del trabajo de las mujeres pudiendo disponer del mismo sin consultarlas”.
En cuanto a la propiedad de la tierra, en Uruguay más de 80% de las hectáreas de explotaciones cuyo titular es una persona física está a nombre de varones. La ingeniera Virginia Courdin, cuya tesis de maestría en la Universidad Montpellier II se basó en la comparación del rol de las mujeres francesas y uruguayas en explotaciones lecheras, explicó en aquel entonces a la diaria que si bien “no ha habido un estudio generalizado que lleve a masificar” los datos de los modos de acceso de las mujeres a la titularidad de la tierra, sí existen “estudios cualitativos, diferentes tesis de grado y posgrado, que han realizado estudios de casos de mujeres dentro de las unidades productivas (siendo algunas titulares y otras no) y concluyen que en realidad las titulares lo son porque enviudaron, o porque se divorciaron, o porque heredaron sin que hubiera hijos varones”. “Sólo una minoría accede a la titularidad del predio por vías que no sean la sucesión familiar, por enviudar o por disolución de la sociedad conyugal”. Apuntó incluso que algunos de estos estudios “han mostrado que sólo una de diez accede por decisión personal”.
De las decenas de entrevistas realizadas a mujeres rurales surgieron testimonios que confirmaban las dificultades, así como las barreras culturales que las generan o están íntimamente relacionadas con ellas: padres que les transmiten a sus hijas que el trabajo de campo “no es cosa de mujeres”; técnicos y prestadores de servicios que tratan sólo al varón como tomador de decisiones; e incluso mujeres que no se identifican como productoras pese a que, ante la consulta, admiten que dedican la mayor parte de su tiempo a actividades relacionadas con la unidad productiva.
Lo mismo o peor
En el Instituto Nacional de Colonización (INC) el escenario no era muy diferente. Su presidenta, Jacqueline Gómez, explicó a la diaria que del total de unidades de producción familiar bajo la Ley de Colonización, hasta 2015 sólo 12% tenía como titular a una mujer, y en la mayoría de los casos se trataba de viudas. En noviembre de 2014 el INC resolvió crear la figura de cotitularidad, a partir de la cual en las adjudicaciones de unidades productivas familiares se toma en cuenta no sólo a uno de los miembros de la pareja. “Se llegó a ello luego de un trabajo muy importante con la Dirección General de Desarrollo Rural y con Inmujeres en el Consejo Nacional de Género, dos organismos que nos han ayudado bastante en la implementación de estas políticas”, explicó Gómez a la diaria. Añadió que en ese proceso se basaron, además, “en los aportes de organizaciones sociales”. Hasta la creación de la cotitularidad, apuntó, “el otro no existía” administrativamente ante el INC, aunque los abordajes de los trabajos con las familias estuvieran focalizados en cada uno de los miembros de la familia.
Con el nuevo régimen se consiguió que 68% de los nuevos arrendamientos se rubricara bajo la cotitularidad, modalidad que este año se pretende llevar a los colonos que ya tenían sus contratos firmados antes de 2015. El cambio no implicará perder los derechos adquiridos por antigüedad, subrayó.
“Esto, que parece un mero cambio administrativo, es un cambio cualitativo en el acceso de las mujeres a algunos derechos. No se trata solamente del acceso a la tierra, sino del acceso a un conjunto de beneficios, desde los proyectos del MGAP [Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca], los beneficios del BPS [Banco de Previsión Social] y la posibilidad de solicitar créditos”, comentó Gómez. Sólo no se aplica la cotitularidad en los casos en que no corresponde por cómo está constituida la familia. “Cuando corresponde, la aplicación en ese formato es obligatoria”, señaló.
La nueva figura “ha sido recibida sin ninguna dificultad por las familias” que provienen del medio rural y tienen antecedentes de producción por ser productores familiares o asalariados rurales.
“Tampoco han existido dificultades en la confirmación de colonos”, apuntó Gómez. Tras un período de precariato de dos años, los colonos son confirmados con la rúbrica de un contrato por diez años. “Si la familia tiene condiciones de cotitularidad, el INC lo plantea. Tampoco hemos tenido dificultades en esto”, indicó.
Optimista
El de la cotitularidad de la tierra “es un cambio cultural en el que hay que avanzar y trabajar. Como institución pública también tenemos obligaciones en cuanto a generar condiciones de derecho”, señaló Gómez. “Lo planteamos como una obligación, y cuando las familias no están de acuerdo tienen que argumentar el porqué, algo que permita tener claridad de que existe una imposibilidad” para la cotitularidad.
Gómez considera que llegará un momento en que “corregir los contratos será una demanda de los propios productores” de Colonización, que es el mayor propietario de tierras a nivel nacional, con aproximadamente 600.000 hectáreas.