Ayer se suicidó un muchacho que estaba preso en la cárcel de Salto. Tenía 19 años, se había escapado del hospital en el que estaba internado por una descompensación psiquiátrica, y había vuelto voluntariamente a la cárcel. Brayan Exequiel Idiarte Pintos murió porque el Estado no fue garante de los derechos humanos. Eso entiende el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, que, consultado por la diaria, advirtió que “los programas de salud mental, tratamiento de adicciones y de asistencia, y vinculación con las familias, junto a la dotación del personal técnico, educativo y de seguridad, son prioridades impostergables para 2017”.
Durante 2016 se registraron 44 muertes en prisión, 31 de las cuales fueron violentas: hubo 16 homicidios, 12 suicidios y tres accidentes. Las restantes fueron por causas de enfermedad. En la mayoría de los casos se trató de hombres, y el restante fue una persona de identidad trans; el promedio de edad fue de 34 años. No se incluyeron las muertes de personas que, si bien estaban a disposición de la Justicia penal, murieron fuera del establecimiento, al hacer uso de una salida transitoria.