La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes que ella es la responsable por los traslados de los pacientes de la Aldea de la Bondad, de Salto, tras los cuales fallecieron cuatro internos de ese centro, aunque “no dijo que era culpable”, aclaró la diputada frenteamplista Mercedes Santalla, presente en el cuerpo parlamentario. Según sostuvo la propia secretaria de Estado a la salida de la comisión, allí “fue aceptado que el traslado no determinó los fallecimientos”.
Los traslados de pacientes de este centro, dedicado a la atención de personas con minusvalías pronunciadas, comenzaron a principios de diciembre y se hicieron en un avión de la Fuerza Aérea, pero tras ellos murieron cuatro pacientes: tres a los pocos días, y el cuarto el 23 de ese mes. Arismendi recordó que fue la propia fundación Imcos, que gestiona la Aldea de la Bondad, la que rescindió el contrato con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), por lo que los traslados deben continuar. Varias instituciones del Estado, como el Programa Nacional de Discapacidad y el propio INAU, habían alertado sobre fallas en la atención a los pacientes de Aldea, e incluso este último organismo y ASSE denunciaron penalmente a funcionarios de la fundación Imcos por abuso sexual a tres mujeres.
Pero, según explicó la diputada del Partido Colorado Cecilia Eguiluz, los funcionarios médicos y no médicos de la fundación habían advertido el estado de delicadeza de estos pacientes y la posibilidad de que sufrieran “daños irreparables” si se los cambiaba de ambiente, a pesar de lo cual el INAU insistió con los traslados. Eguiluz destacó positivamente que Arismendi asumiera la responsabilidad del caso, pero cuestionó que no haya dicho qué iba a hacer tras la situación. “Si la ministra va a asumir todas las responsabildiades, por lo menos tiene que hacer una investigación administrativa”, opinó.
Arismendi, en cambio, no sólo reafirmó la pertinencia de los traslados, sino que dijo que de lo único que se arrepentía era de no haberlos hecho antes. “Ya en el gobierno de Jorge Batlle había intervenciones en la Aldea de la Bondad, intervenciones contables, médicas, de concepción de trabajo, y en enero de 2005, cuando no había asumido el directorio del gobierno del Frente Amplio, se plantearon las intervenciones, a raíz de los problemas detectados allí”, aseguró la jerarca. También agregó que es “absolutamente necesario” que se cumpla con los traslados que faltan, que involucran a otros 57 pacientes, y aseguró que en los que ya se hicieron “se cumplieron los pasos necesarios”.
Sin embargo, Eguiluz recordó que la única autopsia que se realizó derivó en el inicio de una investigación judicial, que se encuentra en estado de presumario. “Hay algunos elementos que hicieron que la jueza del caso, en vez de determinar el archivo de este y entregar las conclusiones de la autopsia, decidiera reservar su resultado, pasar las actuaciones al fiscal e instruir un presumario, por lo que se inicia una investigación penal. Evidentemente, algo encontró”, argumentó.