Educar para rehabilitar

Editar

A pesar de que es el primer cargo que Amaro asume en el Ministerio del Interior -pidió un pase a comisión desde el Consejo de Formación en Educación-, no es ajena al trabajo en cárceles: desde 2014 dirigió la División de Capacitación y Acreditación de Saberes de la UTU, coordinó el convenio entre la UTU y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), y, en representación de esa institución, integró la Mesa Interinstitucional del Programa de Educación en Contextos de Encierro que surgió a raíz del programa Justicia e Inclusión. Amaro opinó que la “sustentabilidad” de la Mesa es un ejemplo a seguir por el Cefopen, al que también le compete generar políticas penitenciarias: su gestión no será fundacional, dice, sino que profundizará proyectos que ya están en marcha, y para eso prevé involucrar en mesas interinstitucionales a los diferentes actores que prestan servicios en la cárcel. En ese sentido, aseguró que ese es el “sentir” de las autoridades; dice que se la eligió para el cargo porque “se cotejó una consistencia teórica, práctica y ética” igual a la del INR: “El compromiso en esta labor es compartida”, añadió.

Como aún no ha intercambiado opinión con su equipo de trabajo sobre los vericuetos que pueden llegar a tener el Cefopen y el sistema penitenciario en general, Amaro prefirió no ahondar en qué características tiene la gestión carcelaria actual, el rumbo que debería tomar y cómo, entonces, se concibe la cárcel; en otras palabras, qué implica enseñar hoy a quienes hacen a la institución y qué desafíos se presentan en ese terreno. Sin embargo, sí hizo hincapié en que la educación impartida será “flexible, adaptada a una población y un contexto específicos [...] se forma a personas que trabajarán con gente privada de libertad, donde los derechos humanos tienen que ser transversalizados a toda la formación, sea cual sea el rol que ocupe el funcionario dentro de la unidad penitenciaria”. Esa, dijo, es una de las “mayores falencias que se advierten”: “Parece que estar privado de libertad de movimiento implica estar privado de todo el resto de los derechos que tiene cualquier persona”, agregó. Además, Amaro consideró “fundamental” que el “funcionario que entra a trabajar a una unidad lo haga con práctica previa”: unir “lo teórico y lo práctico” antes de recibirse, en las cárceles. En ese sentido, explicó que “en realidad, no se trata de reproducir el afuera adentro, porque es imposible: los muros existen, los alambres están, y no los podemos obviar”. Lo mismo, dice, sucede en la forma en que se concibe la educación: “La relación pedagógica entre el alumno y el docente es igual fuera y dentro de la cárcel”.

También advirtió que el Cefopen “debe tener la palabra en educación”, y señaló otro “enorme desafío”: “Pasar toda una institucionalidad primero a un [consejo] desconcentrado para después pasarla a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura”. En ese sentido, aseguró que el objetivo final es que todo el que trabaje en el sistema penitenciario pase por el Cefopen. “Esto implica un cambio de cultura, de cabeza, conceptual, teórico, en el que el Cefopen tiene que ser protagonista. Es un cambio sustantivo que nos conduce a tener un lenguaje común, una concepción común y a saber todos de qué estamos hablando, lo que no quiere decir que haya discrepancias. Por ejemplo, rehabilitación es un concepto que se usa mucho, pero ¿todos estamos de acuerdo con él?; ¿hay que hablar de rehabilitación? Es lo que dice [el director de la cárcel de Punta de Rieles, Luis] Parodi: si nosotros recibimos gente que ya fue echada, alejada y excluida por el Estado, ¿la seguimos excluyendo? ¿Qué son las cárceles? Una doble exclusión, triple, cuádruple. [...] Surgirán diferencias grandes, porque no todos los directores se paran en el mismo lugar: todavía sigue habiendo una dicotomía entre la seguridad y la educación, es materia de debate”, aseguró. “No puedo profundizar más... para ser consecuente y seria con lo que entiendo que es el trabajo. No estoy en condiciones de ir a cuestiones puntuales; las tengo, pero las tiene Mariana Amaro, no la directora del Cefopen”, se excusó. Sin embargo, advirtió que, “como Mariana Amaro, que integró los tribunales del Cefopen, no como directora del Cefopen”, le consta que esa tensión en el Cefopen se traslada, de forma “explícita”, a la relación entre “el externo y el penitenciario, el que tiene experiencia penitenciaria y el que no tiene experiencia penitenciaria”. Para alivianar esa tensión es que en las tutorías, por ejemplo, se arma un equipo con “gente que tiene como fuerte la formación académica y gente de formación penitenciaria en unidades”.

Por otro lado, indicó que otro de los “desafíos” consiste en lograr la “descentralización de la formación”: su “norte”. “Sólo los que vivimos en el interior mucho tiempo sabemos cómo se padece el centralismo montevideano. Acá se agrega otro problema: si queremos pensar en formación permanente, continua, en servicio, que es el objetivo, vos no podés dejar a las unidades despojadas de sus operadores y pretender que sigan funcionando con normalidad. Tenemos que llevar propuestas a los territorios, hay que pensar formas regionalizadas”, aseguró.

Amaro también reflexionó sobre el proceso de creación del INR y la paulatina integración de las cárceles, que antes dependían de las jefaturas departamentales de Policía: “Si hay algo que tiene de mágico este proceso penitenciario que ha hecho Uruguay es la velocidad del cambio: mirémoslo en Latinoamérica, es de una velocidad y radicalidad que impresionan. Esta fue una de las cosas que a mí me produjeron una gran seducción para ingresar a trabajar en esto. El Cefopen se creó formalmente en 2015, y hoy está trabajando de esta manera, con toda esta producción. Hay trabajo previo, pero no de mucho más; el INR se creó en 2010... Es como el crecimiento de la Ciudad de la Costa: explotó. Por supuesto que hay mucho para mejorar. Insisto: el Cefopen tiene que tener el protagonismo, la educación del funcionario”.