El contaminado paga

Columna de opinión.

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Existe un principio básico de la economía ambiental comúnmente conocido como “el que contamina paga”. En el reino del derecho, quien es responsable de un acto que causa una contaminación ambiental debe pagar por su reparación. Pero en el reino del revés, quien paga por el deterioro es quien sufre los efectos. Esto es lo que ocurre con la nueva tarifa de OSE, que los uruguayos estaremos pagando ...
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Existe un principio básico de la economía ambiental comúnmente conocido como “el que contamina paga”. En el reino del derecho, quien es responsable de un acto que causa una contaminación ambiental debe pagar por su reparación. Pero en el reino del revés, quien paga por el deterioro es quien sufre los efectos. Esto es lo que ocurre con la nueva tarifa de OSE, que los uruguayos estaremos pagando a partir de este año, donde se aplica el principio de “el contaminado paga”.

El principio contaminador-pagador tiene una larga historia y está relacionado con el concepto de “externalidad” en la economía. Cualquier actividad que desarrolle una unidad productiva y cause una externalidad negativa en otra -es decir, le genere un costo adicional o una pérdida- debe compensar económicamente por el daño ocasionado.

El principio contaminador-pagador no tiene como fin directo reducir los impactos ambientales o la contaminación, sino que procura transparentar el costo dentro del sistema económico. Lo que persigue es enviar una señal económica al mercado para inducir a los actores a tomar medidas preventivas que resulten menos onerosas que, por ejemplo, pagar un impuesto. Busca evitar la competencia desleal de quien se aprovecha de un recurso compartido, deteriorándolo. Quien quiera seguir contaminando podrá hacerlo, pero le saldrá más caro. Así funciona el reino del derecho. Pero no es lo que pasa en Uruguay.

El anuncio lo realizó el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, mediante un comunicado de Presidencia el 15 de diciembre: “en el caso de OSE vamos a tener un ajuste tarifario de 8,2%, también alineado con la inflación interanual”. Además de la actualización de tarifas, “vamos a tener un incremento adicional complementario de 7,3% sobre el cargo fijo de agua, de acuerdo a la capacidad instalada”. “Esto viene a cubrir lo que en principio iba a ser una tasa medioambiental que se pensaba poner en práctica a comienzos de este período de gobierno”, sostuvo.

La subgerenta comercial operativa de OSE, Alicia Rossi, explicó recientemente esto con mejor detalle (El País, 25/01/17), aclarando que las obras necesarias contemplan inversiones por 12,6 millones de dólares en el saneamiento de localidades de la cuenca del río Santa Lucía, para minimizar los aportes de nutrientes (como fósforo y otros) que aumentan la contaminación del río. Agregó que a fines de 2016 se terminó la construcción del cerco perimetral del embalse de Paso Severino, que costó un millón de dólares y que permitió controlar el ingreso de animales de productores de la zona, responsables de la contaminación, a la fuente de agua.

En el reino del derecho, quienes se hacen cargo de la reparación del daño son las unidades económicas (en este caso, los productores rurales) que obtienen un beneficio de su producción afectando a otros sectores económicos (en este caso, la provisión de agua potable). Pero en el reino del revés uruguayo, quienes se tienen que hacer cargo de la reparación son los clientes de la empresa que provee el agua potable, es decir, los contaminados.

Rossi es más transparente que el agua que vende: hay que realizar obras -y estas obras son costosas- para minimizar los aportes de nutrientes (como fósforo y otros que vienen con los agroquímicos) y evitar que los animales de los productores ingresen a contaminar la reserva de agua. En el reino del derecho, serían los productores quienes deberían hacerse cargo del costo de las obras por medio de una tasa medioambiental. Pero en el reino de Astori la tasa medioambiental la tienen que pagar quienes compran el agua. El ministro de Economía aplica eficientemente el principio de “el contaminado paga”.

El reino uruguayo es tan al revés que los insumos agropecuarios que causan esta contaminación no sólo no pagan por el deterioro ambiental sino que además están exonerados de otros impuestos, como el IVA, que los compradores del agua contaminada sí tienen que pagar.

La economía, tal cual se concibe en estas épocas, no está diseñada para conservar los recursos naturales. Esto es evidente. Pero si las pocas herramientas que la propia economía clásica se ha dado para intentar lidiar con los impactos ambientales se aplican al revés, los resultados serán inevitablemente malos. Conservar la buena calidad del agua va a requerir muchas otras medidas además de las señales al mercado. Pero por favor, al menos, que estas no operen en contra.

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