Los hombres matan más a las mujeres con arma de fuego que con cualquier otra arma. De noviembre de 2015 a noviembre de 2016, de las 29 mujeres que murieron por violencia doméstica, 44,8% fueron asesinadas con un arma de fuego, según contabiliza el Ministerio del Interior (MI). En el país hay aproximadamente 24.000 policías armados y, como bien saben en la División de Políticas de Género del MI, el portar un arma es de por sí un factor de riesgo en situaciones de violencia doméstica. En 2016 se les retiró el arma a 489 policías por ese motivo; hubo 127 policías víctimas, 349 indagados, diez denunciantes y tres testigos, según informó el subcomisario Richard Gutiérrez, de la División de Políticas de Género del MI.
El decreto 111 entró en vigencia en abril de 2015, y ya ese año se les retiró el arma a 349 funcionarios policiales y hubo 565 casos de policías que fueron víctimas o victimarios en situaciones de violencia doméstica y de género. Gutiérrez asegura que el mencionado decreto no es “la panacea”, pero dice que tampoco es únicamente un decreto que sanciona, sino que ha permitido que los agresores y víctimas policías tengan “una oportunidad” de pensarse y “un equipo de atención para revisar su comportamiento”. A todos los agresores que pasan por el servicio se les retira el arma; la víctima puede elegir si concurrir o no. A su vez, Gutiérrez afirmó que “están revisando” el decreto, porque su puesta en práctica les ha hecho darse cuenta, por ejemplo, de que en algunos casos es necesario quitarle el arma a la víctima también, cuestión que actualmente no está contemplada: “Se entiende que es como desmotivar la denuncia, pero en base a la experiencia sabemos que en algunos casos es necesario desarmar a la víctima también. Se da mucho en la interna policial que se formen parejas, y pasa mucho que las víctimas no se visualizan como víctimas y siguen conviviendo con el agresor policía; ahí hay dos armas en el hogar. Si la víctima no se visualiza como tal y sigue conviviendo con el agresor, desarmar solamente al victimario no sirve de mucho”.
Por otro lado, según Gutiérrez, una de las principales carencias que enfrenta la división es que “Uruguay no tiene una política pública para abordar al varón agresor”, y aunque el MI está llevando a cabo un “plan piloto” para trabajar en torno al tema, sostiene que como país hay que “decidir qué camino tomar si queremos empezar a cambiar de rumbo”. En cuanto a qué está haciendo específicamente el MI, Gutiérrez explicó que actualmente están “revisando los informes de un curso sobre masculinidades que está dando tips muy importantes”, y en base a los que idearán lineamientos a seguir. No quiso profundizar en qué clase de tips, porque aún no está sistematizada la información, pero advirtió que se encontraron patrones respecto del lugar de trabajo. “Vamos a hacer hincapié en sensibilizar en algunas unidades policiales más que en otras. Constatamos que hay lugares donde hay una mayor resistencia a este tipo de temas que en otros; también hemos podido ver cómo algunos policías modifican su conducta, y cómo hay otros a los que parece que les pasó por arriba el curso, en los que no cambió nada”, agregó.
En 2016 en Montevideo se les quitó el revólver a 202 policías; en Canelones a 59, en Rivera a 22, en Soriano a 21, en Lavalleja y Maldonado a 20. La tasa de “homicidios de mujeres por violencia doméstica” -el MI no utiliza la tipificación “femicidio”- más alta del país la tiene Cerro Largo, donde asesinan a 3,19 de cada 100.000 mujeres.