Los paños, generalmente repletos de artesanías, ayer estaban vacíos de productos y con carteles hechos por los vendedores en los que contaban acerca de su situación y manifestaban sus reclamos. “La artesanía es cultura, patrimonio e identidad. Y el trabajo un derecho universal”; “IMM nos deja sin trabajar”; “No más persecución laboral”; “La Intendencia promueve el desempleo y la delincuencia”; “50 familias sin sustento por una arbitrariedad”; “Los políticos gobiernan sin leer la Constitución: Arts [artículos] 7, 72 y 332 citan el trabajo como un derecho básico en nuestra república”, se leía en algunos de ellos.
Casi sobre las 11.00, los inspectores de la IM concurrieron acompañados por diez policías a intimar a los vendedores, quienes mostrando sus paños sin mercadería se escudaron en que no estaban trabajando para no firmar la orden de servicio emitida. En esta “se intima al retiro inmediato del puesto de venta ubicado sobre la peatonal Sarandí por no poseer los permisos habilitantes correspondientes”, y se señala que “el responsable no aporta datos”.
“Le dijimos que nadie había armado y que esto era una manifestación pacífica, pero no les importó y colocaron en cada paño libre su notificación. A partir de este momento ya somos ilegales”, se lamentó el vocero del grupo de vendedores, Marcelo Tzitzios, en diálogo con la diaria, después de la concurrencia de los inspectores acompañados por la Policía.
Pero aparentemente la intimación de la mañana no fue suficiente. Pasado el mediodía, los inspectores volvieron, esta vez con una veintena de policías, que “generaron tensión en el ambiente”, declaró Tzitzios. “La situación se puso fea, porque les explicamos que nos estábamos manifestando y que teníamos derecho a hacerlo, y no escuchaban, sólo nos pedían los documentos”, afirmó.
Ante la negación de algunos a entregar sus datos, los policías determinaron que aquellos que no lo hicieran los tendrían que “acompañar a la Seccional 1ª” y se apresuraron a “acorralar a dos muchachas ecuatorianas que no tenían documentos”. Según Tzitzios, las “apretaron contra una pared”, por lo que los vendedores terminaron cediendo. El vocero del grupo consideró que la forma de proceder implicó una “vulneración de nuestros derechos a circular y a manifestarnos”. “Cuando los taxistas se manifestaron por Uber, nadie les pidió la cédula”, observó, y agregó que el grupo está “estudiando qué hacer” con lo sucedido.
La recolección de datos por la Policía sirve para un posterior desalojo, ya que quienes sean notificados, ante una segunda advertencia -que sucedería hoy, ya que muchos de los vendedores seguirán tirando su paño vacío a modo de protesta-, podrán ver sus puestos y productos confiscados y deberán pagar una multa para retirarlos.
Pasado y futuro
La historia empezó hace al menos cinco años, cuando los artesanos vendían en los cruces de la peatonal Sarandí con las calles Juan Carlos Gómez e Ituzaingó. La IM les solicitó que se mudaran a la ubicación actual, en el cruce de la peatonal con la calle Treinta y Tres, y desde entonces no hubo más contacto, hasta diciembre, cuando la inspección volvió a avisar, sin más trámite, que hasta el 2 de enero podían quedarse, pero luego se tenían que ir.
Tras una reunión en la que participaron el intendente Daniel Martínez y el secretario general de la comuna, Fernando Nopitsch, se resolvió otorgar a los vendedores una prórroga hasta el 6 de enero, por entender que la víspera del día de los Reyes Magos es importante para el trabajo de los afectados.
“De nuestra parte consideramos -y les planteamos- que la salida posible puede ser anexarnos a la parte que tiene permisos [desde Treinta y Tres hacia la Puerta de la Ciudadela], regularizarnos y pagar los impuestos”, afirmó Tzitzios. Sin embargo, la comuna no lo considera viable: “Nos dijeron que vayamos a otra feria, pero no entienden que el punto neurálgico para nosotros es acá y la respuesta que nos dan es que cambiemos de rubro”, agregó el vendedor.
Otra solución propuesta desde la IM es que alquilen un local en Ciudad Vieja, para lo cual manifestaron que les facilitarán los trámites de garantía, pero los vendedores callejeros estiman que el precio a pagar es demasiado alto. “Averiguamos, y el precio nos excede. Para nosotros, que trabajamos para la diaria, es imposible pagar ese tipo de alquileres”, dijo Tzitzios.
De cara al futuro, los vendedores se encuentran esperando el reintegro de Martínez, el 23 de enero, así como la vuelta de la Junta Departamental, para “ver si encontramos una solución”. “Mientras, nos seguiremos manifestando hasta que nos saquen de acá”, afirmó el vendedor, que dijo haber ganado ayer un total de 500 pesos. “Nosotros lo que queremos es trabajar, y hoy no nos queda otra que hacer como los [vendedores] de 18 de Julio, que siguen vendiendo y cuando ven venir un inspector desarman todo”, culminó.