Es razonable. Existen muchos padrones, es decir, muchas casas vacías en Montevideo que le deben mucho dinero a la Intendencia de Montevideo (IM). Y con los recursos a disposición, sin invertir dinero, la IM pretende recuperarlos y dedicarlos a la polémica “vivienda de interés social”. Para esto se creó el programa piloto Fincas abandonadas, que estará a cargo de un equipo coordinado por la Dirección de Acondicionamiento Urbano e integrará a las divisiones de Administración de ingresos, Asesoría jurídica, y el departamento de Planificación. La resolución que lo crea dice que “es necesario implementar con carácter urgente medidas tendientes a la recuperación de inmuebles abandonados en el área central e intermedia de la ciudad, de manera de contribuir en la redensificación y evitar la continua expansión de la ciudad”. Andrés Passadore, uno de los integrantes del grupo por Acondicionamiento Urbano, explicó a la diaria que este “es un proyecto de gestión y no de inversión” Básicamente, la IM no pierde nunca. O recupera el inmueble, o recupera la deuda.
Qué casas
El proyecto piloto está pensado hasta ahora para entre 20 y 30 inmuebles en los municipios B y C. Passadore explica que el proceso de selección se basa en cuatro factores principales. En primer lugar, los inmuebles deben tener una deuda importante con la IM, con un valor similar a su valor en el mercado, estar abandonadas y “preferentemente que no estén ocupadas, porque eso agrega un problema, que es resolver la situación de la gente que está viviendo ahí, lo que complejiza la intervención”. El primer punto sería, básicamente, la “viabilidad financiera”, dada por la deuda. En segundo lugar, la “viabilidad social”, que se establecerá por medio de un “estudio arquitectónico urbanístico”, ya que “no es interés de la administración quedarse con un inmueble deudor abandonado para no hacer nada, ese inmueble tiene que tener una potencialidad”. Para la IM, la potencialidad reside en que sea posible construir viviendas de interés social. Por último, está la “viabilidad jurídica”, que se obtendrá mediante un estudio notarial para conocer el dueño, si es que existe, las sucesiones y el devenir jurídico del inmueble. El proyecto apunta a las zonas centrales -“del área más consolidada de Montevideo”, dice Passadore-, y lo hace porque “hay tierra urbanizada que está en el medio de la ciudad y como conjunto la estamos subutilizando y al mismo tiempo estamos invirtiendo en extender la ciudad, [no sólo] en redes de infraestructura como el saneamiento, las calles, sino también en los servicios asociados que tiene que dar la IM, como el transporte y la recolección de la basura”. Aquí también hay viabilidad financiera.
Caminos y tiempos
Según explica Passadore, hasta el momento se manejan tres instrumentos legales posibles. Ninguno de ellos suele demorar menos de dos años, y están supeditados a los devenires tanto del proceso judicial como del acceso a la información. Por un lado, la opción prioritaria es “la expropiación con compensación de deuda”, en la que en lugar de poner el crédito para la expropiación, la IM pone la deuda y se queda con el inmueble. Según estiman, este proceso lleva como mínimo dos años. Otro instrumento es el “remate por ejecución de deuda”. Bajo esta modalidad, la IM inicia un juicio al titular por la deuda de tributos y contribución inmobiliaria que tiene con la comuna, en un proceso similar al que ocurre con cualquier acreedor. Si el propietario no regulariza y hay un remate en el que la IM es el mejor postor, se queda con el inmueble; en caso de que aparezca otra oferta mejor, el oferente tiene que afrontar lo adeudado y la IM recupera el dinero. Según Passadore, este remate “lleva más de dos años”. El método menos utilizado, y generalmente más complejo -ya que es muy difícil encontrar a los dueños en estos casos-, es la “dación en pago”. Es un acuerdo, que se puede hacer cuando el valor de la deuda no supere el 80% del valor de tasación del inmueble. El propietario entrega el bien a cambio de que la IM salve la deuda a cero y lo libere de cualquier acción judicial. Es una especie de “acuerdo de partes”. “Hasta acá los instrumentos legales que tenemos nosotros para actuar”, dice Passadore, y “más arriba de esto está la ley de inmuebles abandonados, que está en el Parlamento desde hace años y permitiría intervenir con otro tipo de garantías y posibilidades de actuar por parte de los organismos públicos; sin esa ley podemos ir hasta acá”.
Para qué
“Siempre que hablamos de inmuebles está puesto sobre la mesa el tema de la propiedad privada, y sabemos cómo es en este país, y las dificultades que se generan para instrumentar cualquier tipo de legislación que pueda socavar en alguna parte a la propiedad privada”, dice Passadore, y “esa es la dificultad más grande”. Passadore reconoce que “se podría hacer mucho más, pero la idea es hacer con lo que hay”. Agregó que “la idea es demostrar que esto puede funcionar, que con instrumentos disponibles actualmente es posible abordar esta temática, y esta es una forma de recuperar inmuebles y padrones que están servidos y darles un objetivo concreto, que es la creación de vivienda social, porque lo que nos interesa es intensificar el uso del suelo y que la gente viva en las áreas centrales y no se vaya a la periferia”.
Para el antropólogo Eduardo Álvarez Pedrosian, que coordina el Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental, este es un paso “fundamental”, ya que apunta a “la búsqueda de soluciones”. Pero ojo. “No podemos pensar en la vivienda suelta, hay que pensar en todo el entretejido que forma ciudad e identidad. Estamos de acuerdo en que en vez de seguir expulsando población hacia las periferias, es mejor densificar la malla urbana; eso está ahora en el tapete en todas partes del mundo. Pero dentro de esto hay muchas dificultades, porque hay identidades muy fuertes, costumbres, instituciones con gran arraigo, y en estas barriadas se cocinó la identidad de Montevideo”, dice Álvarez Pedrosian. Explica que estas zonas “son la expresión de la clase media y vivieron sus mismos destinos: cuando entró la crisis entraron en crisis. Los que tenían plata se fueron a vivir con los de clases altas a barrios privados o hacia el este, y los que no, se fueron a la periferia”. Esto generó un “vaciamiento descomunal de las zonas donde están todos los servicios, el acceso a la cultura, la educación; y la expulsión hacia las periferias requiere un esfuerzo brutal por generar urbanidad”. En este sentido, cree fundamental que se vuelvan a poblar las áreas centrales. El antropólogo cree que para que “el remedio no sea peor que la enfermedad, y con el mejoramiento de las zonas las poblaciones puedan volver a ser expulsadas”, es necesario “buscar soluciones para cada caso, involucrando a quienes viven en el entorno y quienes se pretende tener. Eso sí enriquece la ciudad, la hace más diversa. Si no, se corre el riesgo de que un programa que en principio busca la inclusión genere exclusión y se convierta en una aplanadora que vuelve a reproducir la fragmentación”.