El malestar es general en todo el departamento: con la cuenta de la luz llegó a los hogares colonienses el nuevo Impuesto al Alumbrado Público, aprobado en diciembre por la Junta Departamental con los votos nacionalistas y de ocho de los 12 ediles del Frente Amplio. Este impuesto divide a la población en tres franjas, que pasarán a pagar 100, 200 o 300 pesos mensuales con la factura de UTE, aunque aquellos hogares que tengan planes de consumo básico de energía pagarían 40.
En una carta publicada en varios medios locales, el edil frenteamplista José Luis Pittamiglio justificó el apoyo al proyecto presentado por el intendente Carlos Moreira (Partido Nacional, PN) señalando que sobre el final del gobierno de José Mujica el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes pusieron sobre la mesa “la gigantesca deuda que todas y cada una de las intendencias tenían con la UTE” por el alumbrado público, una deuda, en el caso de Colonia, “verdaderamente importante”, por la cual se cobraba una tasa de alumbrado junto a la contribución inmobiliaria que “45% de las personas no paga”. Señala Pittamiglio que el gobierno ofreció a la Intendencia de Colonia (IC), entre otras, “perdonar un porcentaje muy alto de esa deuda, a cambio de empezar a cobrar la tasa de alumbrado por medio del recibo de UTE”, y que de ese modo la IC va a recaudar “un poco más de lo que debe pagarle”. Además, con “el dinero sobrante va a pagar la millonaria deuda anterior” y “comenzar a colocar lámparas con tecnología LED”.
La deuda actual de la IC, acumulada durante los ocho años de los gobiernos anteriores, asciende a 240 millones de pesos, y se hizo por ella un convenio a 20 años, según dijo Moreira en una entrevista concedida al semanario El Eco.
El verano se presentó muy caliente en la interna frenteamplista, y eso se reflejó en los medios y en las redes sociales. Más allá de las distintas justificaciones ensayadas por la mayoría de los representantes oficialistas luego de votar el impuesto en la Junta, el asunto resultó de difícil digestión tanto para algunos integrantes de la fuerza política como para las bases. Tanto que ocho ediles, algunos de los cuales fueron ridiculizados con montajes gráficos en Facebook, denunciaron ante la Jefatura de Policía a dos militantes frenteamplistas de Carmelo por “incitar gratuitamente al odio o al desprecio”. Según consta en la denuncia, reproducida por El Eco, los denunciantes entendieron que tienen “la obligación moral y jurídica de poner en conocimiento todos los elementos de que disponemos a los efectos que se investigue y se aplique la ley en todo su rigor”. Se trata de montajes que mostraban, por ejemplo, la cara del edil socialista José Manuel Arenas en un billete de 200 pesos junto a la de Moreira, publicaciones compartidas por muchos ciudadanos que demostraban así su enojo con los ediles que votaron el impuesto.
Los denunciados fueron citados a la comisaría de Carmelo el 30 de diciembre e interrogados por un oficial de investigaciones sobre “su medio de vida”, “cómo está compuesto su núcleo familiar” y si realizaron publicaciones en las redes sociales y de qué tenor, informó El Eco el 7 de enero. Y agregó que “lo más preocupante” es que les hicieron “firmar dos actas, a cada uno por separado”. En una de ellas, uno de los denunciados “se compromete a publicar en red social Facebook el arrepentimiento sobre publicaciones realizadas sobre el intendente de Colonia y sus ediles”.
Sin embargo, la Mesa Política Departamental del Frente Amplio de Colonia tomó distancia de la denuncia e hizo pública una declaración en la que se compromete a comunicarse con el jefe de Policía, Robert Yroa, y el juez actuante, “con el fin de desautorizar toda invocación de esta fuerza política en cualquier litigio o controversia entre militantes y afiliados”.
La indignación con el impuesto es generalizada. En los últimos días varios actores sociales han estado organizando asambleas abiertas en distintas localidades del departamento con el propósito de organizar una gran movilización hacia la Junta. A la vez, colonienses enojados de todos los partidos y con la adhesión de la Mesa Departamental del PIT- CNT están conformando comisiones pro referéndum en todo el departamento con el objetivo de recolectar 21.500 firmas antes del 18 de febrero para llamar a una consulta popular con el fin de derogarlo. El edil Hébert Márquez (FA), uno de los opositores al impuesto, que está recorriendo el departamento organizando la recolección de firmas, manifestó que “como viejo militante hace mucho que no veía a la gente con ese entusiasmo; hay mucha bronca, la gente está votando contra la inoperancia de la Junta, te dicen ‘hay que firmar contra estos corruptos que se llevan la plata sin hacer nada’, lo que a mí, como edil, me da vergüenza”. En el correr de la semana pasada se conformaron comisiones en asambleas llenas de gente en Carmelo, Rosario y Nueva Helvecia, y esta semana comenzarán a recorrer pueblos más chicos, como Conchillas o Miguelete, para seguir repartiendo papeletas. Hay mucho optimismo entre los organizadores, que creen que llegarán a superar ampliamente la cantidad de firmas exigidas para realizar la consulta, que sería en un plazo máximo de 60 días.
El Partido Colorado, por su parte, mediante su único edil, Martín Pérez (quien también votó en contra del impuesto), anunció que solicitará “que se explique el período en que se generó la deuda con UTE, el monto de la deuda, las condiciones del convenio firmado, el costo del servicio actual”, y redactará un recurso de inconstitucionalidad, pero no acompaña la recolección de firmas por considerar que la Constitución “establece que todas las leyes (en este caso, decreto) que creen un impuesto no serán materia plebiscitable”.
Por último, hablando de inconstitucionalidades, cabe señalar que, según el artículo 299 de la Constitución, “los decretos de los Gobiernos Departamentales creando o modificando impuestos, no serán obligatorios sino después de diez días de publicados en el Diario Oficial”. Y a pesar de que este fue publicado el 9 de enero y debería haber entrado en vigencia el 19, las facturas de UTE correspondientes al consumo de energía del mes de diciembre entraron bajo las puertas de las casas de los colonienses con el nuevo tributo incorporado ya unos cuantos días antes.