Tras una “acalorada” discusión, la Mesa Política local del Frente Amplio (FA) en Maldonado decidió ayer de noche, por unanimidad, que promoverá un llamado a sala en la Junta Departamental al intendente blanco Enrique Antía, debido al aumento de la Contribución Inmobiliaria que ha impulsado su administración.
Según un documento que había elaborado el Movimiento de Participación Popular la semana pasada, estos cambios implicarán un incremento de 38% a “los que menos tienen”. “Lo que va a provocar es un aumento de la morosidad, que dejará al costado del sistema a muchos buenos ciudadanos trabajadores de Maldonado”, aseguraba el texto que circuló en el sector.
Este será uno de los cuatro temas que la bancada abordará en el llamado a sala a Antía. Se suma al de los reaforos, la suba de los mínimos de la contribución, que pasaron de 4.000 pesos a 6.500; el impuesto implementado para recaudar fondos para el sistema de videovigilancia que la Intendencia de Maldonado quiere llevar adelante durante tres años; y la suba del Impuesto al Terreno Baldío, acerca del cual el propio presidente de la Junta Departamental, el nacionalista Rodrigo Blas, ha dicho que en algunos lugares se ha multiplicado por 50%, por lo que podría ser una cifra “impagable o casi expropiatoria”, que “tendrá que ser revisada en los próximos días”.
La incertidumbre con respecto a qué actitud adoptaría el oficialismo a nivel nacional imperó durante toda la tarde, en gran parte debido a que la bancada de Cabildo 1813, el sector que lidera el diputado Darío Pérez y que es mayoría dentro de la fuerza política en Maldonado, no había definido su posición y se había limitado a decir que se acoplaría a lo que decidiera la Mesa Política Departamental del FA. En un comunicado emitido ayer, el sector también recordó que sus ediles votaron en contra del aumento de la contribución mínima y del nuevo impuesto a las videocámaras, debido a que “iba a afectar a los padrones de los ciudadanos más humildes”. Además, propuso que “las acciones políticas no sólo queden en denuncias”, por lo que se comprometió a plantear “soluciones para los ciudadanos afectados por la suba, en nuestra opinión indiscriminada, de algunos padrones del reaforo”.
El sector propuso “analizar” las situaciones generadas por los reaforos de padrones afectados en “determinadas zonas” de Maldonado que “no están en la franja costera y tuvieron elevados incrementos en la contribución”. Además, reclamó “que se estudie y se corrija cómo planteamos en el presupuesto el Impuesto al Terreno Baldío haciendo diferencias por zonas”, y “que la exoneración del pago de la Contribución Inmobiliaria se aplique a todos los afectados por el tornado del 23 de diciembre; un equipo técnico de la intendencia corroborará quiénes obtuvieron ayuda y quiénes no reclamaron nada y lo solucionaron a su costo”.
A diferencia del FA, el Partido Colorado (PC) tomó una estrategia diferente: “Por el camino del medio”, según la describió el vocero de su bancada, el edil Carlos Flores. “Nuestra posición no consiste en llamar al intendente Antía a sala. No vamos a entrar en el debate inconducente entre el FA y el PN [Partido Nacional] en el que está envuelto el departamento, acerca de la situación financiera, sino que buscaremos una cuota de racionalidad y que se haga justicia tributaria”, afirmó Flores.
En un comunicado de prensa, la lista 100 del PC, que cuenta con las únicas dos bancas coloradas en la Junta Departamental de Maldonado, exhortó a los contribuyentes “que se consideren afectados por el aumento de la Contribución Inmobiliaria” a que realicen el reclamo correspondiente. Además, le pidió a la intendencia que informe sobre la “gratuidad” de este trámite. “Cuando una persona se presenta a hacer un trámite, en 99% de los casos debe pagar un timbre de cerca de 200 pesos, pero para este caso existe un decreto por el que no se debe pagar nada”, explicó Flores. Por eso, dijo que es necesario “que se le haga llegar a la ciudadanía la información de que el trámite es gratuito y que se aclare cuáles son las vías para hacerlo”. Los colorados también llamaron a evitar “excesos” tributarios que “supongan una sobrecarga impositiva que se sume al ajuste fiscal dispuesto por el gobierno nacional, vigente a partir del 1º de enero, derivado de la última rendición de cuentas, así como al aumento de las tarifas públicas”.