De los 14 uruguayos imputados, entre los que figuraba el ex dictador Gregorio Álvarez, fallecido recientemente, sólo fue condenado a cadena perpetua el ex canciller Juan Carlos Blanco. Los demás fueron absueltos. Este martes se conoció la sentencia de la presidenta de la III Corte Penal de Roma, Evelina Canale, sobre las responsabilidades en torno al Plan Cóndor orquestado por las dictaduras del Cono Sur de América.
La sentencia sigue resonando en Uruguay. Hasta el más ajeno a la causa se pregunta cómo fueron condenados solamente los cabecillas de las dictaduras de la región, mientras que los mandos de jerarquía inferior fueron absueltos. Tal es el caso del militar Jorge Tróccoli, que actualmente reside en Italia y que, según testimonios, tuvo un rol claro en las operaciones para hacer desaparecer a integrantes de los Grupos de Acción Unificadora.
Luego de conocer el fallo, el vicepresidente Raúl Sendic dijo a la diaria que “si Tróccoli estuviera en Uruguay, estaría preso”. Por su parte, Mirtha Guianze, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), denunció que en Uruguay hay un sistema judicial politizado en base a acuerdos partidarios, lo que imposibilita que haya “enjuiciamientos nuevos”.
“Aun en Perú se recibe el concepto de crimen de lesa humanidad, un país que se pensaba que podía estar más atrasado que Uruguay. Pero Uruguay es el que está más atrasado. Si bien tiene un número menor de procesados que el resto de los países, hace años que no hay enjuiciamientos nuevos”, manifestó Guianze, quien, al igual que Sendic, viajó a Roma en representación del Estado uruguayo. Para la ex fiscal, además, hay una “indefinición” en la Suprema Corte de Justicia, ya que están cambiando los integrantes por llegar al límite de edad, y la forma en que se los designa “está teñida” por “cuestiones políticas”. En definitiva, resumió Guianze, son ellos los que “terminan decidiendo si los juicios prosiguen o no”. “Nosotros desde la INDDHH hemos hecho recomendaciones al gobierno para que tengan un tipo de política con respecto al sistema de justicia y que haya un lugar para investigar estos delitos. Porque este Grupo de Verdad y Justicia no es de investigación: recibe documentos; técnicamente, recibe testimonios, pero son las víctimas las que investigan. Son las organizaciones las que se mueven. Estamos viendo en Uruguay que la juventud está tomando esta bandera de memoria, verdad y justicia. La cuestión es movilizar y empujar para que la gente pida y exija que haya justicia”, expresó Guianze. Y repasó el momento en el que se escuchó la absolución “en masa” para quienes no ocupaban cargos de la más alta jerarquía. “Nos pareció tremendo”, dijo. “Si no había homicidio, no había otra figura que se pudiera imputar en Italia. La desaparición forzada está prescripta”, explicó.
Algo de luz
“Hago un balance positivo, porque el Plan Cóndor fue reconocido como tal; se condenó a cadena perpetua a cuatro de las cabezas de distintos países. Después hay una interpretación, que no llego a comprender, de cuál es el papel de las personas que estaban en los grados jerárquicos inferiores a los condenados. En ese sentido, no se comprendió, o nosotros no logramos hacer comprender al Tribunal cómo operaban los grupos represivos en el Cono Sur, la independencia con que se movía cada uno de ellos, la posibilidad que tenían de decidir la muerte de las personas. Eso ocurrió en todos los países de igual manera: no se necesitaba una orden de un superior para matar, y si se mataba no había sanción para el que lo hacía. Ahí juegan algunos conceptos que son de orden jurídico, como la obediencia debida, que no sé si ellos lo manejaron. Yo no sé cómo se manejaron; es muy arriesgado hablar de todo eso si no tenemos los fundamentos del fallo”, finalizó la directora de la INDDHH.
Sendic, por su parte, recordó: “Siendo un niño de 11 años tuve que pararme abierto de piernas y de brazos para poder entrar a una visita, tuve que bancarme los allanamientos en mi casa a las dos y a las tres de la mañana, o que se llevaran presa a mi madre y nosotros quedáramos solos, a cargo de los vecinos. Fui un testigo de estas importantes violaciones de derechos humanos que, por suerte, no les toca vivir a los uruguayos de hoy. Pienso que tenemos que trabajar siempre para la consolidación de los derechos humanos, y que en este momento hay una nueva agenda de derechos humanos que se está consolidando”.
En la mañana del miércoles, Sendic se reunió con el papa Francisco para conversar sobre el compromiso del Vaticano de abrir y habilitar el análisis de los archivos de la época de la dictadura uruguaya (1973-1985) que tiene en su poder.