Pero con orden

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Desde febrero de 2011, cuando se creó el decreto de movilidad regulada de los usuarios del Seguro Nacional de Salud (SNS), las distintas mutualistas compiten entre ellas por el aproximadamente millón y medio de usuarios que pueden cambiarse durante el correr de febrero, ya sea porque tienen tres años o más de afiliación a una institución de asistencia médica o porque fueron afiliados de oficio por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por no haber elegido prestador de salud en el momento en que pasaron a aportar al seguro.

Fue en pos de anticipar prácticas desleales y delitos que el Ministerio de Salud optó por enviar ayer a los actores involucrados un comunicado en el que les solicita que, en caso de contratar los servicios de una o más empresas para la captación de usuarios amparados por el SNS, se remita un “testimonio o copia fiel” del mencionado contrato, así como el listado del personal de las empresas consideradas que fue destinado para la tarea. La documentación deberá ser remitida a la Junasa mediante correo electrónico, en un plazo de 20 días corridos.

“Queremos señalar que vamos a utilizar todos los medios disponibles para no tolerar que el dinero que todos aportamos al Fondo Nacional de Salud [Fonasa] se destine para otras cosas que no sean mejorar la asistencia de la población”, afirmó el ministro, Jorge Basso, quien además dijo que se trata de una preocupación compartida con los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y del Interior (MI), así como con funcionarios de los centros de salud que advirtieron a la cartera del comienzo de dichas prácticas.

El año pasado, sin ir más lejos, dos personas -de las 12 detenidas por el Departamento de Delitos Económicos de la Dirección Nacional de Crimen Organizado e Interpol- fueron procesadas con prisión por ofrecer dinero para incentivar el cambio de mutualista; las cifras iban de 800 a 3.000 pesos para el que se comprometiera a “llevar” también a uno o más hijos. Consultado al respecto, Basso sostuvo que la investigación sigue en el ámbito judicial y que, por este motivo, no iba a dar declaraciones. La intermediación lucrativa puede ser penada con entre cuatro y 24 meses de prisión.

Basso reconoció que las instituciones “tienen todo el derecho de hacer propaganda para afiliar”, pero reafirmó la necesidad de que “sean cautas” con el uso de esta, ya que “esos dineros también salen del Fonasa”.

Control ciudadano

El MS se encuentra a la espera de pruebas para poder actuar contra aquellos que ofrecen dinero para incentivar el cambio de mutualista. “Es a partir de la información recibida -videos y grabaciones- que podemos realizar la denuncia correspondiente ante la Justicia; por eso pedimos a la población [que cuente con pruebas] que concurra a la Junasa, a la oficina de atención al usuario acá en Montevideo, o a las direcciones departamentales de salud de todo el país”. Las denuncias se pueden hacer de manera anónima. “Vamos a ser inflexibles, porque necesitamos frenar este fenómeno”, insistió.

Basso también anunció ayer que se realizarán auditorías sobre las afiliaciones registradas en el mes de la movilidad regulada y, en caso de verificarse irregularidades, se aplicarán “las mayores sanciones económicas” al prestador. También recordó que “tanto los directores como los administradores de las instituciones que integran el SNS son responsables penalmente en el caso de constatarse intermediación lucrativa”, ya sea que esta sea realizada por el personal propio como por terceros.

Opciones tecnológicas

Al igual que en los últimos años, se encuentra activo el portal atuservicio.uy, una herramienta lanzada por la organización DATA y la cartera para facilitar la decisión de los usuarios al comparar los datos de los prestadores de salud en cuanto a tiempos de espera, grado de satisfacción de los usuarios, precios de tickets y órdenes, cumplimiento de las metas asistenciales, número de afiliados y de recursos humanos cada 100.000 usuarios.