“En general no funcionan, salvo el de San Luis”, afirmó Pablo Romero, un pescador artesanal salteño, quien agregó que “se juntan sólo para hacer política”. El pescador señala que desde que se implementaron no hubo aumento del valor del pescado, ni del consumo en el mercado interno, y que los pescadores “siguen en las mismas condiciones de vida”, que, en algunos casos, son “críticas”.
Por su parte, Robert Acosta, presidente de la Asociación de Pescadores de Punta del Diablo, reconoce que se siente “privilegiado” por su lugar de trabajo, ya que allí puede vender directamente al mercado sin tener que pasar por intermediarios, lo que le permite generar trabajo y tener “un impacto sobre la población sobre el cuidado necesario del recurso pesquero”, ya que trata directamente con los consumidores.
Sobre los Consejos de Pesca, considera que no han sido útiles para los pescadores artesanales. “Yo fui a algunos, porque después me dejaron de invitar. En ese entonces les planteé que teníamos, básicamente, tres grandes problemas: con los intermediarios, con los lobos y con los buques brasileños”, enumeró.
El primero de los problemas quizá sea el más crítico y denunciado: “La mayoría de los compañeros entregan su producción a los intermediarios, quienes se quedan con todas las ganancias, vendiendo al triple de lo que compraron”, afirmó. A su vez, hay casos en que son los propios intermediarios los que concurren a los consejos como representación de los pescadores, por lo que este tema “no se toca ni, menos, se soluciona”.
Por otro lado, Acosta sostiene que hay una “superpoblación” de lobos marinos que dañan las redes de pesca de los artesanales, además de comerles lo que pescaron. El pescador rochense afirmó: “[Daniel] Gilardoni [el director de la Dinara] me dijo que estos estaban en peligro de extinción y que no podía hacer nada, y cuando lo invité a que venga a comprobar la superpoblación por su cuenta, se rio y no me contestó nada”.
Respecto de los barcos brasileños, el pescador sostuvo que hay unos 25 o 30 al límite en la Barra del Chuy, y que cuando se planteó este tema al MGAP la respuesta obtenida fue que “no había recursos para mandar a la patrullera a correrlos”.
También Carlos Batista, pescador de Piriápolis, recalcó la inutilidad de las instancias creadas en 2012: “Los temas se trancan y no salen”. En este caso, sucede que el costo de amarrar las embarcaciones al puerto “es demasiado alto, imposible para quienes no tienen ingreso de otro lado”. En este sentido, consideró que la actividad ha mermado desde mayo del año pasado, fecha en la que se planteó el problema al consejo por primera vez. Las autoridades le han respondido que “el costo está bien”, dijo Batista.
Consultado al respecto, el coordinador de la Unidad de Pesca Artesanal del MGAP, Pablo Puig, consideró que “todo depende del lado que lo mires y de lo que esperes de este tipo de actividad”. “Si la idea es resolver todos los problemas de la pesca en dos años, nunca se va a estar conforme”, agregó. El coordinador valoró que los consejos estén funcionando “con todas las dificultades que tenemos”, y consideró que “lo que hay que ver es que evidentemente estamos mejor que antes de que existieran”.
Por su parte, Gastón Martínez, quien trabajó en la Dinara hasta 2014 y armó el Consejo de Pesca de Chuy-La Coronilla, consideró que el “gran problema” de los consejos es que la ley no está reglamentada y, por ende, “no define explícitamente la frecuencia y periodicidad de las reuniones”. Aun así, el técnico -ahora docente del Centro Universitario de la Región Este (CURE) de la Universidad de la Repúblicaconsidera que, si bien depende de las características de cada zona, “al menos una por año debería haber” en términos generales. Y en particular, en el caso del consejo que ayudó a formar, cree que tendría que haber dos o tres reuniones por año.
Sin embargo, según supo la diaria, en el consejo que nuclea a La Coronilla y al Chuy no hubo ninguna reunión en todo 2016. Consultado al respecto, Puig sostuvo que hubo una en la que fueron convocadas todas las partes -pescadores, Dinara, intendencia, prefectura-, pero sólo asistieron las dos primeras (los pescadores, representados por los intermediarios); las otras dos no pudieron, por “problemas que no especificaron”.
Mismos principios
Entre otros problemas, Acosta sostiene que hay zonas, como La Paloma y Piriápolis, que están “muy complicadas” porque “no están pescando nada”. “Allí hay un problema que no se puede obviar, hay que ver qué es que está causando esto”, consideró. Una alternativa propuesta consiste en resolver los medios para que los pescadores de allí trasladen su mercadería a Punta del Diablo, donde hay más demanda que oferta y posibilidades de darle valor agregado al producto, además de evitar las intermediaciones, lo que permitiría “sacar una mejor ganancia”. “Nosotros tenemos el espacio disponible y no queremos actuar como intermediarios ni sacarles un peso, sólo les dejamos la posibilidad abierta sabiendo que tenemos lugar y mercado”, explicó.
En otro orden, destacó algunas políticas “positivas”, como el proyecto de pesca selectiva para camarón desarrollado por el CURE y la Dinara. Acosta explicó que se trata de “una doble red elaborada artesanalmente para pescar camarón, mediante la cual no se maltrata la pesca, deja escapar a los juveniles de pescado y, de esa manera, el camarón llega con excelente calidad a los consumidores”.
El pescador de Punta del Diablo consideró que la pesca artesanal es un recurso de gran valor para el país, ya que no sólo provee una pesca “de calidad”, sino que además es una actividad desarrollada de manera “responsable”. En este sentido, dijo que, más allá de que haya “ciertos problemas” a la interna, con sus colegas, “deberíamos juntarnos”, porque, “en definitiva, los principios y el objetivo son los mismos”.