El 3 de octubre de 2009 era sábado y, sobre el mediodía, Miriam Mazzeo Soto, de 49 años, salió de su casa, ubicada en la calle Plutarco, en el Buceo, y saludó a una vecina. En ese momento arribó una moto del servicio de reparto de mensajería de Agencia Central y le dejó un paquete que llevaba su nombre. Mazzeo ingresó a su domicilio con el envío y pocos instantes después se escuchó una fuerte explosión. En el interior de la vivienda y debajo de los escombros quedaron el cuerpo despedazado de la mujer y el de un adolescente, Facundo, amigo de Andrés, hijo de Mazzeo, que se había quedado a dormir en la casa y esperaba a Andrés, que había ido a clase de inglés. Facundo, que tenía por entonces 14 años, resultó herido y aún hoy tiene secuelas como consecuencia de la explosión de lo que después fue identificado como una bomba con detonador.
Según publicó la prensa en 2009, mientras se desarrollaba la primera investigación, la caja que portaba el artefacto era tan pesada que el trabajador de Agencia Central tuvo que ayudar a Mazzeo a llevarla hasta la puerta de la casa y ubicarla en el living, al lado de un sillón. Se presume que la bomba explotó cuando la mujer intentó abrir la caja y activó la detonación. Además de matar a Mazzeo, la potencia de la explosión derrumbó varias paredes de la casa; el estruendo fue escuchado, entre otros, por Andrés, que estaba tomando clase a varias cuadras del lugar.
Mazzeo era directora del departamento de Recursos Humanos del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y trabajaba por entonces en la inserción de ese instituto en la Universidad de la República (Udelar). Ayer, a ocho años de su muerte, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar (AFFUR) convocó a una movilización “con vestimenta negra” desde la explanada de esa casa de estudios hasta la plaza Libertad, para exigir que se esclarezca este asesinato que aún permanece “impune”.
La dirigente de AFFUR-ISEF Sandra Míguez explicó a la diaria que el cambio de “llamar a conferencia de prensa” por la convocatoria a una marcha fue muy positivo porque “se llegó a mucha más gente”; agregó que reclaman por “que haya justicia definitivamente” y sostuvo que es “un hecho que debería ser preocupante para toda la sociedad”. Míguez dijo que sobre lo que pasó en 2009 no hay novedades; “para nosotros es como si el caso se hubiera cerrado”, concluyó.
Por su parte, en diálogo con la diaria, Díaz dijo que la investigación cambió de departamento dentro de la Policía y, de recibir antes de 2014 “casi una notificación diaria de lo que se iba haciendo”, pasó a “la nada” de ahora. De hecho, cuando se produjo el cambio, en 2014, fue citado a un interrogatorio junto con su hijo y, según dice, fueron “tratados como delincuentes”. La investigación está a cargo de la jueza penal de 8º Turno, Graciela Eustachio. “La verdad, esto es vergonzoso. Queremos que se investigue de verdad”, manifestó Díaz.
En su momento, la investigación inicial trabajó en dos hipótesis que después se descartaron: una tenía que ver con la familia paterna de Mazzeo, ya que fue concebida por su padre por fuera del matrimonio; otra recayó en un compañero de trabajo de ISEF que había sido militar y había manifestado alguna molestia por un ascenso que él no había logrado y sí Mazzeo.