Ayer, en ocasión del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y UNICEF presentaron, en el Centro de Formación de la Cooperación Española, dos informes sobre la pobreza infantil y adolescente en Uruguay.
En la mesa de apertura, la coordinadora residente para las Naciones Unidas, Mireia Villar, dijo que existe en la región, en estos últimos dos años una “desaceleración de los logros, pero no un retroceso”, y resaltó la importancia de enmarcar las políticas de erradicación de la pobreza en la agenda de derechos. “Cada vez menos gente piensa que los pobres están en esa situación fruto del trato injusto que reciben por parte de la sociedad”, explicó, y señaló que la clase media, “habiéndose visto beneficiada por el gasto público social, ahora naturaliza la segregación”.
Por su parte, el representante de UNICEF en Uruguay, Paolo Mefalopulos, explicó por qué “es inteligencia económica” invertir en la infancia. “Hay estudios económicos que han demostrado con evidencia amplia que cada dólar que se pone en la infancia da un retorno de siete [dólares] a lo largo de la vida de ese niño”, afirmó.
Inversión en la infancia
El primer estudio que se presentó lleva por título “Gasto público social en la infancia y adolescencia en el Uruguay”, y fue realizado por las consultoras de la CEPAL Maira Colacce, Pilar Manzi y Victoria Tenenbaum. Durante la exposición, Colacce explicó que el interés del estudio es “ver si efectivamente los gastos que produce el Estado están en concordancia con los principales objetivos que los gobiernos se proponen” y “entender si [el gasto] se alinea o no con las diferencias que se observan en la sociedad, con los principales problemas que existen”. En este sentido, el estudio señala que el gasto público social general aumentó “en el entorno del 8%” entre 2005 y el 2013. De este dinero, 25 de cada 100 pesos que el Estado invierte en gasto público son destinados a la infancia y la adolescencia; 12 o 13 de estos 25 son en educación. Esta inversión –el total del Gasto Público Social en Infancia (GPSI)– significa un total de 5,5% del Producto Interno Bruto.
El estudio determina cuatro tipos de gastos que hace el Estado que constituyen el GPSI: el Gasto Específico –dirigido exclusivamente a menores de 18 años–; el Gasto Indirecto –dirigido a hogares con menores de 18 años–; el Gasto Ampliado –dirigido a grupos poblacionales en los que pueden formar parte los niños y adolescentes–; y el Gasto en Bienes Públicos –se benefician todos los ciudadanos, incluyendo los menores–. Las consultoras utilizaron luego un criterio de distribución de todos los gastos –menos el específico– para concluir qué porcentaje de estos se destinaba finalmente a la población de la que trata el estudio.
Además, Colacce destacó durante la presentación la “diferencia significativa” que existe entre el GPSI que se destina a la primera infancia –la franja que va hasta los tres años de edad– y las otras etapas de la niñez y la adolescencia. Según señala el estudio, se invierten “aproximadamente 1.200 dólares anuales menos” en esta franja etaria. La consultora explicó que esta etapa de la niñez es la que menos dinero recibe específicamente, ya que “solamente 20% del gasto que se realiza en los niños más pequeños está pensado directamente del Estado hacia ellos”. El estudio explica que “este desequilibrio se observa también en el aumento del gasto per cápita con la edad. En 2013, el Estado gastó 2.702 dólares para cada niño de hasta tres años, 3.617 dólares para cada menor de cuatro o cinco años; 4.004 dólares para aquellos entre seis y 11; 3.786 dólares entre 12 y 14; y 3.920 dólares para los adolescentes de 15 a 17 años”. Al finalizar el informe, las consultoras señalan que el camino “más factible” para el futuro del GPSI es que no se modifiquen las partidas totales asignadas a esta población. Esto “implicaría un aumento de los gastos per cápita”, ya que se prevé una caída de la fecundidad y un aumento de la esperanza de vida que reducen el peso de los niños en la población, y “en este contexto la proporción del gasto destinado a niños, niñas y adolescentes aumentaría”.
Pobreza infantil en Uruguay
El otro estudio que se expuso en la jornada fue “Poner fin a la pobreza infantil en Uruguay: un objetivo posible para la política pública”, escrito y presentado por Gustavo de Armas. El sociólogo consultor de UNICEF expresó que “Uruguay ha alcanzado en los últimos años los valores más bajos de su historia desde que hay registros estadísticos de pobreza por ingreso”, y agregó que erradicar la pobreza no es “una tarea sencilla, pero en un país con las características de Uruguay no es una utopía”. Uno de los aspectos del informe que De Armas destacó que en Uruguay aumentó “en los últimos años la disparidad entre generaciones con relación a la incidencia de la pobreza monetaria”. Según reza el estudio, se “registra un ratio entre pobreza infantil y pobreza en adultos (en particular, adultos mayores) que lo ubica entre los países con mayores niveles de desigualdad entre grupos de edad en el acceso al bienestar, en perjuicio de las generaciones más jóvenes”. Las razones de esta inequidad son en parte demográficas –por la concentración de la reproducción en los sectores de más bajos ingresos, por ejemplo– y en parte por “los rasgos que definen la matriz del régimen de bienestar del país, un régimen que protege, en mayor medida, a los adultos mayores que a los niños y adolescentes”, explica el informe. Para finalizar, un concepto que De Armas considera importante es que “erradicar o reducir de forma significativa la pobreza infantil implicaría prácticamente eliminar la pobreza monetaria en el conjunto de la población”, ya que para reducir la pobreza infantil es necesario que los hogares en los que estos niños viven –y con ellos todos sus miembros– superen la condición de pobreza en que se encuentran.