La Unidad Penitenciaria de Puntas de Rieles es la primera obra de construcción que se está llevando adelante mediante la modalidad de participación público-privada (PPP) y en el que el Banco República (BROU) participó con el otorgamiento de garantías. La semana pasada tuvo lugar un seminario coordinado por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo y el viernes un panel fue dedicado a la experiencia de Uruguay en financiamiento de infraestructura y PPP, en el que integrantes del BROU y de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) compartieron sus aprendizajes sobre el proceso gestado en el marco jurídico de esta modalidad,y los desafíos que, asumen, se presentarán en próximas oportunidades.
Además de la institución para personas privadas de libertad, otros cinco proyectos fueron adjudicados desde entonces: cuatro tramos de corredores viales y el primer proyecto de infraestructura educativa.
La primera obra mediante PPP –que ya lleva más de 90% de avance– no estuvo exenta de tropiezos. Además de la “adecuación” a la nueva legislación, se presentó el “problema con algunos sponsors” –en particular, la constructora española Abengoa, que se declaró en quiebra en noviembre de 2015–, que el banco resolvió “cambiando nuestro riesgo con la empresa garante, con la empresa extranjera, por el riesgo del proyecto”, reveló la gerenta de la Banca Corporativa de la entidad bancaria, Gabriela Fernández.
La propuesta del banco para los próximos proyectos es “compartir el riesgo” con los bancos de plaza u otras entidades financiadoras y fijar garantías del proyecto o acordes al riesgo asumido, por no más de 30 millones de dólares.
Rafael Laureiro y Victoria Rodríguez, de la CND, se refirieron a los plazos. Rodríguez sostuvo que existe una “sobreexpectativa” en torno a los procesos financiados por este mecanismo, “pensando que podía solucionar cosas que no podía”, cuando “en realidad, se trata de una herramienta más, como la Ley de Concesiones o los Fideicomisos”. Para la economista, la modalidad PPP es “conveniente sólo para algunos proyectos”, y “quizá para otros no lo sea”.
Los técnicos consideraron que, además de ser “interesantes, atractivos y bien estructurados”, los proyectos, para funcionar, “deben tener un líder claro y contar con apoyo político”. Por otro lado, también coincidieron en que el marco institucional “debe ser claro y articulado” y que se debe “facilitar la financiación y bancabilidad de los proyectos”, ya que Uruguay enfrenta ciertos problemas en términos de financiamiento, como “poca experiencia”, “bajo patrimonio de bancos locales”, “topes de crédito a un mismo grupo económico, que son siempre más o menos los mismos”, “exigencia de garantías costosas”, y “poca disponibilidad de cobertura cambiaria”. De cara a futuros proyectos, consideraron que “es necesario no ahorrar en estructuración: ni en tiempos, ni en costos”, pero dijeron que aun así se debería “agilizar” el proceso, “sin perder solidez ni transparencia”. También es preciso contar con un Plan Nacional de Infraestructura que “permita priorizar la inversión en tiempo y recursos entre los distintos proyectos”, así como analizar la ampliación del cupo fiscal, que está cerca de su límite. “Los proyectos deberían ser por prioridad, y no por orden de llegada”, afirmaron. Otros desafíos pendientes son la capacitación del sector público en la gestión y control del proyecto y la mejora del diseño institucional para facilitar y “agilizar la presentación y aprobación de las iniciativas privadas”.