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Fiesta Antimanicomial, el sábado, en Radio Vilardevoz (archivo, 2017)

Foto: Federico Gutiérrez

Festejo “antimanicomial” de Vilardevoz insiste en desarrollar dispositivos alternativos a los manicomios y potenciar proyectos laborales

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“Pausa. No se vayan, vengan”, alentaba el conductor Manuel Furtado poco después de las 10.00 del sábado. Era el comienzo de la fonoplatea que, como cada semana, lleva invitados a los estudios de la radio para hablar de temas relacionados con la salud mental; era, al mismo tiempo, la tercera Fiesta Antimanicomial. Todo eso ocurrió en un sábado soleado, en el Centro Diurno del Hospital Vilardebó y de la mano de Radio Vilardevoz, un proyecto comunicacional en el que los usuarios del hospital toman la palabra.

La gente fue llegando de a poco: los del barrio, los integrantes de colectivos amigos, los tambores que cerraron la fiesta. Desde temprano se desplegaron en el patio espacios de juegos, canto, dibujo, pintura; como en toda fiesta, había globos, cotillón, pizza, refrescos y hasta una torta –donación de la panadería del barrio– que también pedía por la desmanicomialización. Adentro, en la fonoplatea, se iba dibujando el esquema que, prolijamente, se escucha cada sábado por el 95.1 FM y por www.vilardevoz.org.

Radio Vilardevoz está a punto de cumplir 20 años; desde hace tres, hace sus fiestas antimanicomiales en el entorno del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Esta vez el festejo tuvo una dimensión diferente: se desarrolló a casi dos meses de aprobada la nueva Ley de Salud Mental, que sustituye a la vieja Ley de Psicópatas, que regía desde 1936. Hasta ahora, una de las banderas del colectivo había sido la aprobación de una nueva ley para la atención de la salud mental; con la ley promulgada, la exigencia apunta a que se cumpla lo que allí está escrito.

Una de las principales reivindicaciones es que se concrete el cierre de las estructuras asilares y monovalentes (colonias psiquiátricas y Hospital Vilardebó) antes de 2025, como dice la ley, y que se abran centros de atención alternativos a esas grandes instituciones. Otros reclamos pasan por que se dé realmente una articulación entre diferentes organismos del Estado para que las personas, además de recibir una atención sanitaria digna, tengan acceso a una vivienda, a un trabajo, a la inclusión educativa y cultural. La otra preocupación se refiere a la atención terapéutica: que realmente se adecue a la situación de la persona, y que se opte por la que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración, como dice la ley.

Codo a codo

La primera mesa de la mañana recibió a la nueva subdirectora del hospital, Andrea Acosta, junto con la adjunta de la dirección, Rosario Gularte. Acosta asumió su cargo el viernes; había integrado el equipo de dirección entre 2006 y 2010. Fue a visitar la radio a menos de 24 horas de haber asumido pero, por eso mismo, se excusó de dar detalles de cómo se preparará la institución para cerrar en menos de ocho años. Adelantó que eso es imposible de lograr en la situación actual que vive el hospital. Insistió en que “tiene que haber posibilidades afuera que en este momento no existen” y dijo que si bien la ley se votó, todavía no hay presupuesto para aplicarla. Dijo que los cambios dentro del hospital “van a ser lentos”, como lo son las instituciones, pero confió en que se irán dando. Destacó el recambio generacional y, al igual que Gularte, pidió insumos al colectivo para enfrentar esta nueva etapa y lograr “una atención más digna, más centrada en las personas y no en las patologías”, tal como había dicho Gularte.

Horizonte 2025

La segunda mesa tuvo por invitados a Miguel Scapusio, del Servicio Paz y Justicia, a Katherin García Montejo, de la Asamblea Instituyente por Desmanicomialización y Vida Digna, y a dos legisladores oficialistas: Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista, y Virginia Cardozo, del Partido por la Victoria del Pueblo, suplente en el Senado. La mesa se tituló “A dos meses de la aprobación de la Ley de Salud Mental en Uruguay”.

Scapusio opinó que “la ley va a quedar renga”, por dos motivos: por el poco involucramiento de los organismos estatales que deben implementar políticas habitacionales, educativas, culturales, laborales, y “porque en su articulado establece un claro predominio de la psiquiatría”. Agregó que “la psiquiatría, en vez de centrarse en la salud mental, se centra, por la imprudencia de los grandes laboratorios proveedores de fármacos, en la enfermedad”. Por eso mismo, recomendó “privilegiar la salud, el buen trato, el respeto a los derechos humanos y todas las acciones innovadoras en este campo, que no puede quedar restringido a políticas de salud mental”, recomendó. García Montejo lamentó que los aportes hechos por diferentes organizaciones sociales no se hayan tenido en cuenta; aludía a la permanencia del término “trastorno mental”, a la falta de autonomía del Poder Ejecutivo que tendrá el órgano de contralor de la aplicación de la ley, a la imprecisión del texto para garantizar un abordaje interdisciplinario.

Trato indigno

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos hizo tres visitas no anunciadas a las salas judiciales 11 y 16 del Hospital Vilardebó, en enero y en febrero, y otra en setiembre, cuando fue también a la sala 10. En el medio mantuvo entrevistas con referentes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El 9 de octubre le presentó un informe a ASSE en el que recomienda clausurar, en un plazo máximo de siete días, los calabozos de las salas 10 y 16, e implementar “estrategias de contención de pacientes agitados o que por distintas razones no logren adaptarse al sistema de alojo colectivo en pabellones, sin lesionar su dignidad humana”. Recomendó, también, realojar a los pacientes de la sala 10 “en condiciones que den cuenta de una atención integral respetuosa de su dignidad y que no signifiquen desde ningún punto de vista una regresión en cuanto a las posibilidades de integración de los pacientes a actividades de rehabilitación, circulación ambulatoria y encuentros con la familia”. Aconsejó, además reparar la sala 16, que presenta filtraciones y humedades importantes, y que “se fortalezcan las estrategias asistenciales personalizadas para los pacientes asistidas/os en las Salas 10, 11 y 16”.

“No estamos conformes con la ley”, declaró Cardozo, que expresó que lo que la ley no habilita habrá que habilitarlo por otros medios; por ejemplo, incluyéndolo en la reglamentación o creando otras prácticas y políticas. También se refirió al rol de la psiquiatría. Rememorando las discusiones parlamentarias, comentó: “Aprendimos que hay áreas y voces que pesan mucho más de lo que pensamos en algún momento, por lo menos de mi parte, y que son áreas que tomaron de forma casi monopólica la voz principal en este proceso, como es la voz de la psiquiatría”. Felicitó a la radio por ser un proyecto que fortalece las capacidades y las autonomías de los usuarios del sistema de salud, insistió en la relación médico-paciente y en la necesidad de presentarle a la persona todas las opciones para que elija las terapéuticas que menos daño le hagan.

Más allá de la victoria que significó sustituir la legendaria Ley del Psicópata, la realidad sigue siendo dura. De hecho, la Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó clausurar los calabozos del Hospital Vilardebó (ver recuadro). Luego de escuchar a los legisladores, Gustavo Batista, de Vilardevoz, transmitió lo lejos que parece estar el 2025: “¿Cuántas vidas más tendrán que pasar por acá para que se cierre el hospital? ¿Cuántas injusticias tienen que seguir pasando para que los medios saquen a la luz los malos tratos, la mala onda, la mala calidad de la salud, el negocio de los fármacos, el negocio de las vidas que tienen acá adentro encerradas? Uno piensa y ve el 2025 allá, re lejos”, expresó.

En la última mesa de la mañana participaron José Luis Pereira, de la cooperativa Riquísimo Artesanal, que hace empanadas para vender, Sebastián Spinelli y María Zino, del proyecto Bibliobarrio –que tiene una biblioteca con 6.000 libros, una editorial artesanal y organiza actividades socioculturales– y Olga Azikian y Ruben Dianesi, de Vilardevoz, que reciben ingresos por vender productos de la radio y la cobranza de socios. Todos dieron cuenta del cuidado por la fuente laboral, por los recursos colectivos, contaron lo difícil que ha sido abrirse paso, las alianzas interinstitucionales que lo han permitido; transmitieron el valor que implica generar sus propios ingresos, que les permiten comprarse fruta, ropa, o vivir en una casa de medio camino, y no en un refugio en el que sólo pueden estar en horas de la noche.

Cecilia Baroni, una de las fundadoras de Vilardevoz, comentó en diálogo con la diaria que “sería bueno contar con apoyos que respeten esas autonomías, esas autogestiones, y que las personas que participan realmente sean miradas como trabajadores de esos emprendimientos”.

Baroni citó el proceso de desmanicomialización que se viene desarrollando en la provincia argentina de Santa Fe, que fue una de las experiencias compartidas en la jornada de salud mental y derechos humanos, que se hizo a fines de setiembre. Contó que “en Santa Fe en cinco años pasaron de tener diez dispositivos alternativos a tener casi 300” y destacó que “eso es inversión que tiene que ver con apostar” y que “demuestra que cuando las autoridades se lo ponen como objetivo se pueden lograr cosas maravillosas”.

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